El Gobierno nacional puso en marcha el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística, una medida clave en el marco de la Ley de Bases. La resolución 1350/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, formaliza el llamado a licitación a través de la plataforma Contrat.Ar, dando inicio a una transformación estructural que busca descentralizar la operación ferroviaria y fomentar la participación privada mediante una concesión de 50 años sobre vías, terrenos aledaños, talleres y material rodante de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

El nuevo esquema introduce un sistema de competencia por peajes, donde los operadores ferroviarios podrán utilizar la infraestructura bajo un sistema de bandas de referencia. Según lo estipulado, los oferentes deberán fijar un techo máximo a cobrar, siendo seleccionados aquellos que presenten la tarifa más baja para mejorar su puntaje en la licitación. Las empresas también podrán solicitar adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuya viabilidad será evaluada por el comité correspondiente.

Uno de los pilares del proceso es la obligatoriedad de realizar obras de infraestructura por un monto mínimo cercano a los US800 millones, a ejecutarse durante los primeros cinco años de la concesión. Adicionalmente, el Estado valuó el material rodante en unos US500 millones; los recursos obtenidos por su venta se depositarán en un fideicomiso destinado al financiamiento parcial de dichas obras obligatorias a medida que los concesionarios completen los trabajos.

El Gobierno fundamenta esta privatización en la necesidad de revertir la baja densidad de carga del sistema ferroviario argentino, donde actualmente menos del 5% del transporte total se realiza por tren frente a un objetivo de largo plazo del 20% al 25%, con un 80% de la carga actual concentrada en cereales. Un dato político relevante del pliego es la prohibición de participación para empresas estatales, provinciales o bajo control de Estados soberanos, una disposición considerada como una cláusula "anti-China".

El cronograma prevé como fecha límite el 28 de octubre para realizar consultas sobre los pliegos y el 11 de noviembre para la apertura de ofertas, con la expectativa oficial de adjudicar las concesiones y concretar la transferencia de la operación durante 2027.