En busca de la verdad
En busca de la verdad
El detenido expresidente del organismo estatal dejó un escrito sin responder preguntas en los tribunales federales de San Isidro. En su poder se secuestraron 2.4 millones de dólares
El exdirector de ARSAT, Facundo Leal, presentó un escrito en el que negó las acusaciones en su contra y no respondió preguntas, al ser indagado este lunes por presuntos hechos de corrupción en contrataciones en la empresa estatal de soluciones satelitales.
El ex funcionario que presidió la empresa durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei remarcó en el descargo que no participó de la licitación que se investiga porque por ese entonces no tenía cargo alguno -es planta permanente de la empresa- y además, sostuvo que la causa aún tiene medidas de prueba pendientes, explicaron a Infobae fuentes del caso. Leal estuvo al frente de ARSAT hasta 2025 cuando pasó al ORSNA, el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, pero renunció en febrero de 2026.
El ex funcionario está detenido porque al allanarse su departamento en esta causa penal se le encontró droga y se abrió otro expediente donde se lo procesó con prisión preventiva por presunta tenencia de estupefacientes para la comercialización. Al respecto, la defensa reclamó la prisión domiciliaria en un planteo que aún debe ser resuelto.
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En el allanamiento a su vivienda en Palermo se encontraron US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. Además, en otra propiedad ubicada en Mendoza se le secuestraron US$1,7 millones. Sobre el hallazgo del dinero no pronunció palabra durante la indagatoria y tiene abierta una causa paralela por supuesto enriquecimiento ilícito.
El acusado fue trasladado a primera hora de la mañana desde la cárcel hasta el juzgado de San Isidro. Llegó a las 8.45, descendió de una camioneta del Servicio Penitenciario Federal y fue ingresado por una puerta lateral al tribunal en General Paz al 500, de ese partido del norte bonaerense. El trámite comenzó poco después de las 1030, solo dio sus datos personales y escuchó la lectura de la imputación en su contra. Luego se negó a responder preguntas y entregó el escrito. Todo duró unas horas pero luego tuvo que esperar en la alcaidía del juzgado para regresar al penal porque se lo trasladó junto a otros presos que tenían citas judiciales en la jornada.
La indagatoria fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, quien hizo lugar a la solicitud del fiscal Fernando Domínguez. También fue indagado Gerardo Boschin, quien se desempeñó como subgerente de compras de ARSAT y en mayo de 2025 fue designado presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses más tarde.
Boschin llegó a los tribunales más de una hora antes del horario de la citación, a las 12, e ingresó sin hacer declaraciones. Poco después arribó el abogado de ambos acusados Marcelo Rochetti. En su caso también entregó un escrito y se negó a responder preguntas.
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El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la firma pública. A partir de ese hecho, los investigadores descubrieron una serie de irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.
La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de los contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.
La fiscalía detectó que la aprobación de estos convenios se realizó sin la intervención del Directorio de ARSAT y careció de dictámenes técnicos que respaldaran la elección de la contratista. Además, se constató que la firma beneficiada no contaba con las medidas de seguridad mínimas para resguardar los equipos, lo que facilitó la sustracción y el deterioro de materiales valuados en 151.000 dólares.
Por estas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total que superó los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos. Los investigadores analizaron las comunicaciones telefónicas de los imputados y hallaron conversaciones que dieron cuenta de una supuesta planificación coordinada para beneficiar a la empresa privada, anulando la competencia real con otras compañías del sector.
Junto a Leal, la Justicia citó a declarar a otros exmiembros de la cúpula de ARSAT: Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez. Todos están citados a indagatoria durante esta semana.
Como parte del proceso, el juez Mirabelli dictó diversas medidas cautelares. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para todos los involucrados, dispuso el embargo preventivo de sus bienes y decretó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil con el fin de reconstruir la trazabilidad de sus patrimonios.
Leal llegó a la indagatoria preso. El exdirectivo fue arrestado luego de un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde la Policía Federal Argentina incautó estupefacientes, entre ellos ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.
Por este hallazgo, el juez Mirabelli lo procesó con prisión preventiva bajo el cargo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Luego la causa pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, y ahora tramita en el Juzgado Federal 6 que subroga Daniel Rafecas.
Durante los procedimientos en las propiedades de Leal, ubicadas en Buenos Aires y Mendoza, las fuerzas de seguridad secuestraron también un total de 2,4 millones de dólares en efectivo. La Justicia busca determinar si ese dinero proviene del cobro de dádivas.
Además se incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, tales como micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. No obstante, un peritaje tecnológico realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que estos equipos no fueron utilizados para realizar tareas ilegales.
Fuente: Infobae
