El paquete legislativo propone crear un Consejo de Seguridad Nacional y fortalecer la coordinación entre Seguridad, Defensa e Inteligencia frente al narcotráfico, el terrorismo y los ciberataques.
El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley que busca transformar la estructura de Seguridad, Defensa e Inteligencia del país. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, será enviada al Congreso durante el segundo semestre del año y propone un nuevo esquema de coordinación estatal inspirado en el modelo institucional de Estados Unidos.
El objetivo es crear un sistema más integrado para enfrentar problemáticas como el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, los ciberataques y otras amenazas de alcance internacional. Desde la Casa Rosada indicaron que el texto aún está en etapa de elaboración, aunque forma parte de las principales prioridades legislativas del oficialismo.
Uno de los ejes centrales del proyecto será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encargado de coordinar las políticas estratégicas del Estado en materia de defensa, inteligencia y seguridad interior. Estaría integrado por el Presidente, representantes de los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Estado Mayor Conjunto y otros organismos vinculados al área. La intención es mejorar la articulación entre las distintas dependencias y evitar la superposición de funciones.
La reforma se presenta como una continuidad de las medidas impulsadas por la administración Milei desde el inicio de su gestión. Entre ellas figuran la sanción de la Ley Antimafia, los cambios en las normas sobre reincidencia y reiterancia, la actualización de los estatutos de las fuerzas federales y nuevas herramientas destinadas a reforzar la ciberseguridad.
En ese marco, el Ejecutivo ya modificó el funcionamiento de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal. Las reformas ampliaron sus competencias para combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el terrorismo y otras formas de criminalidad organizada, además de incorporar nuevas tecnologías y mecanismos de control interno.
En el caso de la PSA, se habilitó una mayor participación en investigaciones vinculadas con delitos complejos y se amplió su intervención en tareas de seguridad interior cuando sea requerida por el Poder Ejecutivo. Gendarmería adaptó su marco normativo para responder a las nuevas modalidades del crimen transnacional, mientras que Prefectura reforzó las tareas de vigilancia en ríos, lagos y espacios marítimos mediante el fortalecimiento del Sistema Guardacostas.
El proyecto también contempla una reorganización del sistema de inteligencia. Entre las modificaciones que analiza el Gobierno figuran cambios en el régimen del personal de la SIDE, nuevos mecanismos de capacitación para los agentes y una mayor capacidad operativa para desarrollar tareas tanto dentro como fuera del país. Además, se estudia centralizar la conducción de la inteligencia civil, criminal y militar para mejorar el intercambio de información.
En materia de Defensa, otra de las iniciativas apunta a fortalecer el marco legal para proteger el espacio aéreo argentino frente a vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. El paquete legislativo también incluirá medidas específicas sobre ciberseguridad y ciberdelitos, un área que el Ejecutivo considera estratégica ante el incremento de ataques informáticos y campañas de desinformación.
Esta reforma se da en un contexto de mayor acercamiento entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad. En marzo, el Gobierno formalizó la incorporación del país al Escudo de las Américas, una alianza regional orientada a coordinar acciones contra el crimen organizado, el narcoterrorismo y otras amenazas transnacionales.
En la Casa Rosada sostienen que la seguridad será uno de los temas centrales de la agenda política y electoral de este año, junto con la baja de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y la futura reforma del Código Penal, otro de los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en los próximos meses.