Una llamativa situación se produjo durante una audiencia del juicio por la Causa Cuadernos, el expediente que investiga presuntas maniobras de corrupción en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La Justicia convocó por error a un hombre que no tenía relación con la causa, simplemente porque compartía el mismo nombre que el verdadero testigo.

El protagonista del episodio fue un contador público llamado Juan Carlos Santos, homónimo del exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces AFIP -hoy ARCA-, quien había sido solicitado por la fiscalía para declarar en el proceso.

Al comenzar su testimonio, el tribunal le preguntó por sus datos personales, su profesión y si conocía a alguno de los imputados. El hombre respondió que era contador y aseguró que no tenía ningún vínculo con los acusados.

Cuando le consultaron si había trabajado en la ex AFIP, respondió que no y sorprendió a todos con una aclaración: "¿Puedo decir algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos".

Los jueces quisieron saber cómo había llegado hasta la audiencia y si alguien le había explicado el motivo de la citación. El contador relató que nunca recibió una explicación y que solo le avisaron por WhatsApp que debía presentarse a declarar.

"Nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp diciendo que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto", expresó ante el Tribunal Oral Federal N.º 7.

Además, contó que intentó averiguar de qué se trataba la convocatoria, pero aseguró que le respondieron que no podían brindarle detalles. Tras confirmar el error, el tribunal le pidió disculpas y el hombre se retiró sin prestar declaración.

¿Qué se investiga en la Causa Cuadernos

El juicio continúa con la declaración de distintos testigos vinculados a la investigación sobre supuestas maniobras de corrupción en contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

En las últimas audiencias, cuatro funcionarios de ARCA expusieron cómo, según la investigación, algunas empresas adjudicatarias de obras públicas retiraban dinero en efectivo mediante mecanismos irregulares.

Los testigos describieron operatorias que incluían la utilización de proveedores considerados "no confiables", la emisión de facturas sin respaldo suficiente y la compra de dólares en efectivo para canalizar fondos.

Entre las compañías mencionadas figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, que integraban uniones transitorias de empresas para ejecutar distintos proyectos de infraestructura.

Uno de los casos señalados fue el de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, adjudicada a Isolux en 2007. Según declararon exfuncionarios de la entonces AFIP, parte de los fondos habría sido derivada a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas de la Banca Privada de Andorra.

Una de las testigos afirmó durante el juicio que la investigación permitió determinar que el dinero había sido transferido mediante un intermediario en Estados Unidos hacia esa entidad financiera, aunque aclaró que hasta allí llegó el alcance de la tarea realizada por el organismo de control.