La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar presentada por las universidades nacionales, obligando al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a dos artículos fundamentales de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución del máximo tribunal exige la aplicación inmediata de las actualizaciones salariales del sector docente y no docente, así como la recomposición de los programas estudiantiles. 

Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebró la decisión a través de sus redes sociales y calificó el fallo como un hito de gran relevancia institucional. "Es muy importante no solo para la comunidad universitaria del país, sino para las instituciones de la Nación esto que acaba de suceder. Y pone en evidencia lo relevante que es ser consecuentes en el camino, firmes, responsables, serios, para defender algo que tanto bien le hace a la Argentina", enfatizó el dirigente, al tiempo que convocó a la comunidad educativa a continuar trabajando por la defensa de la universidad pública.

La disposición judicial implica un impacto directo en los haberes del sector, ya que la norma establece un incremento salarial estimado de entre un 25% y un 30%. Esta cifra se suma al 24,3% que el Gobierno ya había acordado con las universidades a inicios de junio, lo que elevaría la actualización total cercana al 50%. Previamente, el Ejecutivo había dispuesto un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y la ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta un monto de 50.000 millones de pesos, medidas que, para el sistema universitario, resultaban insuficientes frente a la pérdida de poder adquisitivo. 

Si bien la resolución de la Corte representa un triunfo para las casas de estudio, cabe aclarar que el fallo no resuelve el reclamo de fondo sobre la aplicación integral de la Ley de Financiamiento, sino que se limita a hacer efectiva la cautelar mientras avanza el proceso principal, que actualmente se encuentra en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La disputa judicial mantiene una marcada tensión política debido a la postura del Gobierno nacional, que ha congelado la ejecución total de la ley bajo el argumento de la falta de previsión presupuestaria. Desde la Casa Rosada han advertido en reiteradas ocasiones que el proyecto implica un impacto fiscal estimado en unos 2,5 billones de pesos, una cifra que califican de "impagable" y que, según su visión, comprometería el equilibrio de las cuentas públicas. 

Por su parte, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, festejó la decisión del máximo tribunal y remarcó la importancia del fallo para el sistema nacional. "Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena", subrayó. En la misma sintonía, el senador radical Maximiliano Abad consideró que la resolución es un paso trascendental y le reclamó al Estado que proceda de inmediato al giro de los fondos destinados a salarios, becas y funcionamiento.