La investigación que tiene como principal protagonista al ex presidente de Arsat, Facundo Leal, sigue sumando capítulos y podría transformarse en uno de los mayores escándalos vinculados a la gestión de empresas estatales de los últimos años.

La causa no solo busca determinar el origen de más de 2,6 millones de dólares hallados durante distintos procedimientos, sino también reconstruir una compleja trama de contrataciones, relaciones empresariales y movimientos de dinero que quedaron bajo la lupa de la Justicia.

Uno de los puntos centrales del expediente es la modernización de la Red Federal de Fibra Óptica, una infraestructura estratégica que conecta a todo el país y que durante la pandemia debió ampliar su capacidad ante el crecimiento exponencial del consumo de internet.

Para ejecutar ese plan se puso en marcha una contratación millonaria financiada con recursos públicos. La adjudicación terminó en manos de Tecnored, una firma cordobesa vinculada comercialmente al gigante tecnológico chino Huawei, que finalmente aportó gran parte de la tecnología utilizada en el proyecto.

Los investigadores analizan ahora cómo se desarrolló ese proceso y qué papel tuvieron los funcionarios responsables de las decisiones. Según distintas fuentes consultadas durante la investigación, los contactos entre directivos de empresas privadas y autoridades de Arsat trascendían los ámbitos formales y se extendían a reuniones sociales, viajes y encuentros fuera de la agenda institucional.

En ese contexto aparecen registros de encuentros en hoteles, restaurantes y oficinas privadas, además de viajes compartidos a distintos destinos del país y del exterior. La Justicia intenta establecer si esas relaciones tuvieron algún impacto en la adjudicación y ejecución de contratos financiados con fondos públicos.

El expediente también incorpora testimonios de personas que trabajaron junto a Leal. Algunas declaraciones mencionan movimientos de sobres, bolsos y dinero en efectivo que hoy forman parte de las medidas probatorias ordenadas por los investigadores.

Mientras tanto, los peritajes patrimoniales avanzan sobre bienes, cuentas y documentación secuestrada durante los allanamientos. El objetivo es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por los involucrados y el patrimonio detectado durante la pesquisa.

Con contratos multimillonarios, empresarios del sector tecnológico, viajes, reuniones reservadas y una importante suma de dinero bajo análisis, la causa sigue avanzando y promete revelar nuevos detalles sobre el manejo de uno de los proyectos de conectividad más importantes desarrollados por el Estado en los últimos años.