La defensa de Cristina Kirchner presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Casación contra las restricciones impuestas a su régimen de prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. A través de un escrito confeccionado por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, la expresidenta busca revertir la reciente resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien había rechazado de plano los pedidos de flexibilización solicitados con anterioridad.

En el documento presentado ante la Justicia, la defensa tildó la resolución judicial de arbitraria. Respecto a las limitaciones en el régimen de visitas, los letrados remarcaron que el argumento central del magistrado para sostener la medida -preservar la tranquilidad del barrio- "carece de sustento empírico", ya que ningún vecino del edificio ubicado en la calle San José 1111 presentó queja alguna. En esa misma línea, cuestionaron la prohibición para el uso de la terraza, al considerar que el tribunal no explicó de qué manera una flexibilización en ese aspecto podría afectar la convivencia vecinal.

Otro de los puntos centrales del reclamo apunta al uso de la tobillera electrónica. Los abogados citaron un relevamiento del Consejo de la Magistratura para demostrar que la utilización de este dispositivo reviste un "carácter excepcional" y sostienen que no existe ningún riesgo de fuga que justifique su implementación. Además, destacaron la "conducta irreprochable" de la exmandataria durante su primer año de detención y recordaron que el endurecimiento de las condiciones se produjo tras la visita de un grupo de economistas el pasado 17 de noviembre, lamentando que el estricto cumplimiento de sus obligaciones procesales no se haya traducido en beneficios.

Este planteo judicial se produce apenas un día después de que el Tribunal Oral Federal N° 2 resolviera mantener formalmente la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, tras considerar que cumplió de forma adecuada con las pautas fijadas. Dicha ratificación se apoyó en los informes trimestrales de los meses de abril, mayo y junio elaborados por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), los cuales evidenciaron una "actitud de colaboración y buena predisposición" por parte de la exfuncionaria, destacando su trato cordial y respetuoso.

Los controles oficiales verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos de la vivienda, sin detectar la presencia de personas no autorizadas. A su vez, el tribunal constató que la exmandataria permaneció en su domicilio salvo en las salidas que contaban con habilitación previa. Entre estas excepciones documentadas se encuentran sus comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7 para declarar en el juicio por la causa Cuadernos y sus traslados programados para distintos tratamientos médicos y odontológicos.