El fiscal federal Ramiro González abrió una investigación penal y solicitó medidas de prueba contra el ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, y otros tres altos directivos actuales: Noelia Florencia Ruiz (Presidenta), Lucila Belén Pagani (Vicepresidenta) y Facundo Gaitán (Controller). La Justicia investiga la conformación de un esquema de poder destinado a concentrar la toma de decisiones, direccionar contrataciones y exigir retornos millonarios a empresas adjudicatarias. 

Todos los acusados fueron imputados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La denuncia que originó el expediente en los Tribunales de Comodoro Py sostiene que las irregularidades no terminaron con la salida de Leal en febrero, sino que el esquema se habría profundizado mediante el desplazamiento sistemático de gerentes de carrera para reemplazarlos por personas del entorno de los acusados. En esta línea, Ruiz es investigada por contrataciones sospechosas y el uso de fondos del Estado para traslados personales a Mendoza; Pagani es señalada por una gestión que opaca el patrimonio del organismo; y Gaitán es cuestionado por supervisar áreas técnicas sin tener experiencia aeroportuaria.

Uno de los ejes más graves de la acusación apunta a las reuniones mantenidas con contratistas en las oficinas del ORSNA o en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se habrían exigido retornos cercanos al 10% del valor de cada trámite para liberar los pagos de certificaciones de obra. Para investigar esta maniobra, el fiscal solicitó un informe patrimonial de los imputados y puso bajo la lupa a las constructoras "Agro", "Lemiro Pietroboni", "Cemisa" y "Centro Construcciones", beneficiadas con adjudicaciones en distintos aeropuertos del país, requiriendo además información a la Oficina Anticorrupción, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la SIGEN y la AGN.

El avance de esta causa complica aún más la situación procesal de Facundo Leal, quien ya se encuentra detenido por orden de la Justicia federal de San Isidro. En ese expediente paralelo, el exfuncionario es investigado junto a otros exdirectivos de ARSAT por presuntas irregularidades y adjudicaciones directas en favor de la firma logística ALS, motivo por el cual el fiscal González solicitó cruzar información para evaluar la conexión entre ambas tramas de supuesta corrupción institucional.