Cristina Kirchner presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de frenar el decomiso de los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La medida responde a la orden dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el marco de la causa Vialidad, la cual busca avanzar sobre 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz que fueron transferidos a los hermanos por sus progenitores.

El planteo de la defensa apunta contra la incautación de 10 departamentos, dos casas en Río Gallegos y diversos terrenos en Lago Argentino. Según el escrito presentado, la resolución judicial habilita a que la sanción recaiga sobre activos de origen legal y legítimo, eximiendo a los acusadores de la obligación de probar un vínculo directo entre las propiedades en cuestión y las maniobras investigadas en el juicio.

Los abogados de la exmandataria remarcaron que no se ha producido "una sola medida probatoria" que demuestre que el patrimonio de Máximo y Florencia sea producto del delito. En este sentido, sostuvieron que las propiedades fueron adquiridas por Néstor y Cristina Kirchner de manera onerosa y mediante operaciones genuinas, al tiempo que advirtieron que la medida vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso de personas que no resultaron condenadas en la causa.

La presentación judicial llega semanas después de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara el decomiso, consolidando el criterio de que los activos de origen ilícito pueden ser recuperados por el Estado incluso si fueron heredados o transferidos a terceros a título gratuito. Dicha resolución dejó firme un embargo y posterior remate de bienes por un monto superior a los 684.000 millones de pesos para efectivizar el resarcimiento estatal.

Con este nuevo recurso de queja, que también recuerda que el Ministerio Público Fiscal mantiene la facultad de identificar otros bienes que cumplan con las condiciones de recupero, la defensa agota las instancias ordinarias. Ahora, la reactivación o el freno del desapoderamiento inmobiliario quedará exclusivamente en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si admite el tratamiento del caso.