El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó una instancia de negociación crítica en los tribunales y los despachos oficiales. Tras la convocatoria de la cuarta Marcha Federal Universitaria celebrada la semana pasada, el Poder Ejecutivo elaboró una propuesta formal destinada a los rectores con el objetivo de clausurar el frente judicial abierto por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el cual se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

La estrategia de la administración de Javier Milei busca neutralizar un escenario de alto impacto fiscal. De acuerdo con fuentes oficiales, si el Máximo Tribunal llega a fallar en contra del Estado, el Ejecutivo se vería obligado a desembolsar de forma inmediata una cifra cercana a los 2,5 billones de pesos para cubrir los aumentos de becas y salarios indexados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que fija la ley vigente. Para desactivar esta amenaza, el Gobierno ofrece transferir las partidas presupuestarias contempladas en el proyecto de reforma que el propio oficialismo había enviado al Congreso, a cambio de que las casas de estudio retiren la medida cautelar.

Los fondos para avanzar con este ofrecimiento ya cuentan con el aval técnico del Ministerio de Economía y se ejecutarían de forma automática una vez rubricado el acuerdo, lo que le permitiría al oficialismo eludir el debate legislativo. No obstante, el canal de diálogo formal aún exhibe cortocircuitos: desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) enfatizaron que hasta el momento no han recibido ninguna notificación ni propuesta por parte de las autoridades nacionales, afirmando de manera tajante que "no hay nada de nada". En sintonía con esta parálisis, tampoco registró avances la convocatoria del Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales para destrabar el reclamo por una partida subejecutada de 79.000 millones de pesos destinada a la salud.

Las claves del proyecto oficialista frente a la ley vigente

La propuesta que el Ejecutivo intenta plasmar en el acuerdo replica las condiciones de su proyecto de reforma y presenta sensibles diferencias estructurales respecto de la normativa que hoy defienden las universidades:

• Reconocimiento salarial recortado: El plan oficialista contempla únicamente reconocer la pérdida salarial de los trabajadores docentes y no docentes sufrida durante el año 2025, omitiendo por completo el fuerte deterioro en el poder adquisitivo registrado a lo largo de 2024.
  
• Esquema de aumentos sin indexación: La recomposición salarial propuesta se instrumentaría en tres tramos fijos de un 4,1% a lo largo del año, aplicados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Además, si bien establece la obligación de convocar a paritarias cada tres meses, elimina la cláusula de actualización automática por inflación que estipula la ley actual.
  
• Gastos de funcionamiento y salud: Mientras que la legislación vigente exige recomponer por IPC los presupuestos de los últimos dos años en áreas clave como ciencia, técnica y hospitales universitarios, el texto del oficialismo suprime dichos giros y solo prevé una actualización presupuestaria si la inflación anual de 2026 sobrepasa el techo del 14,5%. Como contrapartida, el proyecto del Gobierno sí incluye una partida específica de más de 80.000 millones de pesos orientada al sostenimiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores que mayor visibilidad tuvo en los reclamos previos a la última movilización federal.