El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo de tensión financiera, esta vez centrado en el programa "Hospitales Universitarios". El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que tras la movilización de este martes se convocará a una comisión técnica para establecer nuevos criterios de distribución sobre una partida de casi 80 mil millones de pesos que actualmente se encuentra sin ejecutar. Según el funcionario, el objetivo es terminar con un esquema que históricamente se manejó bajo "parámetros de lobby político" y discrecionalidad.

Desde la vereda de las instituciones académicas, la preocupación es inmediata. Las universidades denuncian que los fondos llevan cinco meses congelados, lo que ha generado una situación de asfixia financiera en centros de salud clave. La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó una advertencia dramática la semana pasada: sus hospitales podrían dejar de funcionar en apenas 45 días si no se regularizan los pagos. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, calificó como "irresponsable" la demora en la convocatoria y señaló que la falta de recursos afecta directamente el alquiler de equipos para tratamientos críticos y la atención de pacientes.

La disputa dialéctica escaló con acusaciones cruzadas de favoritismo. Álvarez señaló que la UBA pretende concentrar el 95% de la partida total, dejando un remanente ínfimo para el resto de los hospitales universitarios del país. Ante esto, Yacobitti replicó que es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo definir el criterio de reparto desde principio de año y no esperar hasta el quinto mes para iniciar las discusiones, sugiriendo que indicadores como la cantidad de pacientes atendidos deberían ser la base lógica de la asignación.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se sumó a las críticas hacia la cúpula del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tildando a los rectores de "políticos profesionales" que utilizan la autarquía universitaria para evitar controles y sugerencias de mejora en el sistema. A pesar de la dureza de los términos, tanto el titular del CIN, Franco Bartolacci, como las autoridades de la UBA, adelantaron que asistirán a cualquier convocatoria oficial, aunque subrayaron que, hasta el momento, no han recibido ninguna invitación formal para sentarse a negociar.