El conflicto legal entre el Poder Ejecutivo y Cristina Fernández de Kirchner escaló este miércoles hasta la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, interpuso un recurso de queja con el objetivo de revocar la sentencia que permite a la exmandataria cobrar su pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La cartera sostiene que existen "múltiples razones legales" para impedir que se beneficie de un régimen de privilegio.

Desde el Gobierno calificaron como "especialmente inadmisible" que una persona condenada por delitos contra la Administración Pública acceda a una pensión millonaria mientras reclama, de forma simultánea, una jubilación honorífica de carácter excepcional. En un comunicado oficial, Capital Humano aseguró que "agotará todas las instancias judiciales" para evitar que dichas asignaciones sigan vigentes tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Esta presentación se suma a la realizada por el fiscal Juan Carlos Paulucci, quien también recurrió al máximo tribunal luego de que la Cámara de la Seguridad Social rechazara elevar el caso por las vías ordinarias. La Justicia había dictado previamente una medida cautelar que ordenaba a la ANSES restituir de manera provisoria el pago de la pensión, dejando firme la orden mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la legalidad del beneficio.

La disputa se originó a fines de 2024, cuando la ANSES, mediante la Resolución 1092, dio de baja tanto la pensión de viudez como la jubilación presidencial de la exmandataria. La medida administrativa se basó en que la condena penal afectaba el "honor" requerido para percibir tales asignaciones vitalicias. No obstante, la Cámara Previsional intervino para suspender parcialmente los efectos de esa decisión administrativa, beneficiando a la expresidenta en uno de sus reclamos.

En su fallo más reciente, el tribunal distinguió entre ambas prestaciones: avaló la suspensión de la jubilación correspondiente a su cargo como presidenta, pero ordenó restituir la pensión por viudez. Según los jueces, la ANSES no tiene facultades para dar de baja definitivamente este último beneficio, sino únicamente para suspenderlo, cuestionando además el argumento de la "falta de honor" utilizado por el organismo previsional para eliminar ambos haberes.

Ante este escenario de fallos divididos, la Corte Suprema será la encargada de dirimir si la condena penal es causal suficiente para la quita total de los beneficios de privilegio. Mientras tanto, la Casa Rosada insiste en que el pago de estas sumas altera el principio de legalidad, marcando una posición política y judicial firme contra las asignaciones especiales para exfuncionarios con sentencias judiciales en su contra.