En busca de la verdad
En busca de la verdad
El juez Ariel Lijo dispuso peritajes sobre las líneas telefónicas de Marcelo Grandio y Horacio Silva para reconstruir contactos en fechas clave. Busca detectar "si hubo algún tipo de injerencia o influencia" en esos procesos.
El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las comunicaciones de Marcelo Grandío y Horacio Silva, en el marco de la investigación que involucra contratos firmados entre la TV Pública y la productora Imhouse SA. La medida apunta a reconstruir posibles contactos en fechas clave de los acuerdos y determinar si existieron intercambios con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Según fuentes judiciales, el objetivo es establecer con quiénes se comunicaron ambos durante momentos determinantes de la firma de los contratos. La intención es "evaluar si hubo algún tipo de injerencia o influencia" en esos procesos. Para avanzar con esta línea, el magistrado dispuso que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) realice un análisis detallado de las comunicaciones.
La medida se inscribe en una causa que ya venía acumulando elementos sobre la relación entre Imhouse y los medios públicos. De acuerdo con información oficial de Radio y Televisión Argentina (RTA), la productora firmó al menos seis contratos de coproducción con la TV Pública y Radio Nacional. Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial, bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
Los convenios incluyen programas de entrevistas, ciclos de streaming y un envío radial, bajo distintos esquemas de financiamiento y reparto de ingresos publicitarios.
Manuel Adorni y Marcelo Grandio
RTA sostuvo que Grandio no figura como empleado de la empresa estatal bajo ninguna modalidad. Sin embargo, la productora que encabeza tuvo participación directa en varios contenidos emitidos por las señales públicas.
En esos acuerdos se repite una estructura: Imhouse asume los costos de producción (incluidos personal, equipamiento y derechos de autor) y también eventuales reclamos judiciales, mientras que accede a los ingresos publicitarios hasta recuperar la inversión y luego comparte utilidades con el Estado.
El detalle de los contratos incluye el programa radial "La caja de Pandora", firmado en abril de 2024, y distintos ciclos posteriores como "Giros en Línea Recta", que tuvo varias etapas, además de producciones digitales como "Enredados" y "La Sala". En todos los casos se mantuvo la lógica de riesgo inicial a cargo de la productora y explotación comercial posterior.
En paralelo al avance judicial, hubo cambios recientes en la relación contractual. La TV Pública, que actualmente depende de la órbita del secretario de Medios, Javier Lanari, cercano a Adorni, resolvió no renovar el vínculo que tenía con Grandio, vencido el 31 de diciembre de 2025.
Según trascendió, la decisión implica que ya no continuará su programa televisivo y que quedaría vigente únicamente un acuerdo ligado a su hijo, para contenidos destinados al streaming de la señal.
Además de los contratos, RTA aportó infraestructura clave para la producción, como estudios, aire, equipamiento técnico y personal. Ese esquema quedó bajo la lupa en paralelo a otras líneas de investigación que también alcanzan al entorno de Adorni.
Días atrás, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en una causa por presunta malversación de fondos, en la que también aparece Grandio, amigo del jefe de Gabinete. Entre otras diligencias, solicitó los registros migratorios desde 2023 para analizar posibles coincidencias en viajes.
Ese expediente se originó por el uso de vuelos privados en un traslado a Punta del Este y luego se amplió con otros elementos. Según consta en la causa, una testigo afirmó que el viaje habría sido abonado por el periodista sin emisión de factura, lo que derivó en una línea paralela por posibles coacciones.
En paralelo, otro tramo de la investigación analiza transferencias de dinero desde Imhouse hacia Adorni por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, detectadas tras el levantamiento del secreto bancario dispuesto por la Justicia.
El viceministro de Economía habló en un encuentro organizado por la calificadora Moody's
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