Una auditoría interna del PAMI, impulsada bajo la gestión de Esteban Leguízamo en el marco del saneamiento estatal promovido por el gobierno de Javier Milei, dejó al descubierto un esquema de corrupción estructural en las prestaciones oftalmológicas. El relevamiento detectó que no se trataba de errores administrativos, sino de un patrón sistemático de fraude que incluye sobrefacturación, prestaciones inexistentes y cobros indebidos a los afiliados. 

El mecanismo más frecuente consistía en la manipulación de los módulos de facturación de anteojos: los prestadores entregaban a los jubilados lentes de baja graduación, pero le cobraban al organismo módulos de alta graduación, cinco veces más costosos. Según los datos oficiales, mientras un lente real costaba unos 4.941 pesos, los centros facturaban hasta 27.204 pesos por unidad, embolsando la diferencia de forma ilícita.

La investigación técnica sobre el sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) identificó irregularidades graves que se replican en provincias como Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y La Rioja. Entre las maniobras se destacan las "prestaciones fantasma", donde se facturaron miles de prácticas sin historia clínica ni respaldo médico, llegando en algunos centros a que el 50% de los estudios auditados nunca se realizaron. 

También se detectaron circuitos cerrados con conflictos de interés, donde médicos derivaban al 95% de sus pacientes a una única óptica, en muchos casos propiedad de familiares directos, configurando un beneficio económico direccionado y premeditado.

Otro de los puntos críticos revelados fue el doble cobro y la exigencia de pagos indebidos a los jubilados. Bajo la promesa de entregar lentes "mejores" que no estaban cubiertos, algunos prestadores llegaban a cobrar hasta 1.500 dólares y 353.500 pesos adicionales, mientras simultáneamente facturaban el lente de menor calidad al PAMI. 

Además, la auditoría expuso volúmenes de facturación físicamente imposibles, como registros de cardiología con 689 órdenes en un solo día, lo que requeriría jornadas laborales de 108 horas seguidas. Estos hallazgos ya forman parte de al menos seis causas judiciales activas impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI).

Los casos documentados exponen un perjuicio millonario en diversas localidades: en Santiago del Estero se detectaron 606 casos de sobrefacturación; en Entre Ríos, un solo profesional registró 613 irregularidades; y en Concordia se identificaron 830 casos concentrados en un único médico. Este relevamiento forma parte de una revisión integral iniciada en diciembre de 2023, con la que el actual gobierno busca desarticular mecanismos de fraude y transparentar el uso de los recursos del sistema previsional para asegurar que los fondos lleguen efectivamente a la atención sanitaria de los jubilados.