La Cámara Federal de Casación Penal dictó este jueves un fallo clave en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción vinculados a la contratación de seguros para organismos estatales durante la gestión anterior. La Sala IV del máximo tribunal penal del país resolvió anular el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, quien había sido acusado de negociaciones incompatibles con la función pública. La decisión, que también deja en suspenso el embargo millonario y la prohibición de salida del país que pesaban sobre el exmandatario, obliga a la Cámara Federal a dictar un nuevo pronunciamiento sobre su situación.

La resolución contó con los votos mayoritarios de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes basaron su postura en un principio procesal fundamental: la falta de impulso acusatorio. Los magistrados señalaron que, en la instancia previa, el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe, no había solicitado el procesamiento, lo que dejaba al fallo sin una base acusatoria legítima. "No hay juez sin acusador", sostuvieron los camaristas, remarcando que la confirmación del procesamiento se dictó en exceso de las pretensiones de la fiscalía, vulnerando así el derecho de defensa y el principio acusatorio que rige el proceso penal.

Por el contrario, el juez Gustavo Hornos votó en disidencia, inclinándose por dejar firme el procesamiento. Hornos argumentó que la gravedad de los hechos investigados -un presunto esquema de direccionamiento irregular de seguros estatales con comisiones por encima de los valores de mercado- justificaba avanzar con la instrucción. Para este magistrado, el dictamen del fiscal de Casación, Raúl Pleé, era base suficiente para sostener la imputación por corrupción estatal y evitar que se detuviera la marcha del expediente.

Pese a la anulación que beneficia directamente a Alberto Fernández, la situación de los demás imputados, entre los que se encuentran exfuncionarios y responsables de brokers privados, permanece bajo análisis. Borinsky advirtió que la Cámara Federal deberá examinar ahora el impacto de esta resolución en el resto de los involucrados, considerando la conexidad de los hechos. La causa se originó a partir del Decreto 823/2021, que centralizó los seguros en Nación Seguros S.A., y busca determinar si esa normativa fue la puerta de entrada para un millonario perjuicio económico contra las arcas públicas.