El fiscal Pedro Simón evalúa apelar o pedir la nulidad del rechazo a las detenciones de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en una investigación por transferencias millonarias.
El fiscal Pedro Simón, de Santiago del Estero, definirá en las próximas horas si apela o solicita la nulidad del fallo que rechazó el pedido de detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. La resolución había sido firmada por el juez Sebastián Argibay, quien posteriormente fue apartado de la causa por decisión de la Cámara Federal de Tucumán.
La decisión del fiscal marcará el rumbo inmediato de un expediente que investiga presunto lavado de dinero vinculado a transferencias realizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según la investigación, los fondos habrían sido girados a empresas relacionadas con el tesorero de la entidad bajo la sospecha de pagos por servicios que no se habrían prestado.
En su resolución, Argibay sostuvo que el planteo fiscal carecía de un hecho penal claramente delimitado y lo calificó como una hipótesis construida a partir de indicios. Además, cuestionó la falta de identificación de operaciones específicas y actos concretos que permitan precisar la imputación en esta etapa del proceso.
En contraposición, Simón sostiene que existen pruebas suficientes para avanzar. En su dictamen, señaló que se habrían detectado transferencias cercanas a los $5000 millones desde la AFA hacia firmas vinculadas a Toviggino entre 2022 y 2025, lo que constituye el eje central de la investigación.
La causa analiza movimientos por más de $4.961 millones hacia sociedades como SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Parte de estas operaciones se canalizaron a través del Banco Coinag y el Banco Santiago del Estero, mientras que los fondos originales habrían provenido del Banco Credicoop.
De acuerdo con la pesquisa, una porción del dinero habría sido invertida en instrumentos financieros para generar rendimientos, mientras que otra se habría destinado a la adquisición de bienes, incluidos vehículos. También se investigan posibles irregularidades en la estructura de las empresas, como la falta de empleados o incrementos patrimoniales acelerados.
El apartamiento de Argibay se produjo tras un planteo del fiscal por presunta falta de imparcialidad, vinculado a una relación familiar indirecta con el entorno de Toviggino. En este contexto, la decisión que adopte Simón -ya sea apelar o pedir la nulidad- será determinante para definir los próximos pasos judiciales en una causa de alto impacto institucional.