El cierre de la maternidad del Hospital Carlos Saporiti, en Rivadavia, marca un punto de fuerte tensión entre las autoridades provinciales y locales en torno al sistema de salud pública en la zona Este de Mendoza. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, genera incertidumbre sobre el destino de los partos programados, la continuidad laboral del personal médico y, especialmente, la atención de mujeres embarazadas que dependen de ese servicio.

Desde el municipio sostienen que la decisión se tomó sin consenso técnico ni participación de los profesionales del hospital. "Se hizo sin la participación de los profesionales y no fue discutido con los números reales", advierten, cuestionando los argumentos oficiales basados en estadísticas que, aseguran, no coinciden con la realidad del lugar. Según datos locales, el hospital registra cerca de 70 partos entre enero, febrero y principios de marzo, lo que representa casi un nacimiento diario.

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de infraestructura adecuada para reemplazar el servicio. La red perinatal, clave para garantizar traslados seguros, presenta falencias importantes. "Ayer llevaron a tres embarazadas en una combi porque no había ambulancia", exponen como ejemplo de una situación que consideran riesgosa. También se describen casos en los que profesionales deben trasladarse junto a pacientes para resolver urgencias en otros hospitales, dejando sin cobertura momentánea al propio establecimiento.

La decisión oficial se fundamenta en criterios de seguridad sanitaria, bajo el argumento de que centros con bajo volumen de partos presentan mayores riesgos de complicaciones. Sin embargo, desde Rivadavia insisten en que el servicio cumple con estándares adecuados y que incluso ha respondido ante contingencias regionales, absorbiendo pacientes de otros centros cuando fue necesario.

En paralelo, surge otra preocupación: la posible reconversión del hospital en un centro de atención en salud mental. "Quieren transformarlo en un hospital de internación de salud mental", señalan, aclarando que no se oponen a ese desarrollo, pero sí a que se realice en detrimento de un servicio considerado esencial como la maternidad.

El impacto social de la medida también es significativo. Muchas mujeres eligen ser atendidas por profesionales de confianza durante el embarazo y el parto, una posibilidad que se vería afectada. Además, el traslado hacia otros hospitales, como el Perrupato en San Martín, implica mayores costos y dificultades logísticas para familias sin recursos.

El sistema receptor tampoco parece estar preparado para absorber la demanda adicional. "Está explotado el Perrupato y no hay camas", advierten, anticipando un escenario de saturación que podría extenderse a otros centros como el Hospital Lagomaggiore.

En respuesta al cierre, la comunidad organizó movilizaciones y una vigilia frente al hospital, en defensa del servicio. Desde el municipio reclaman una mesa de diálogo con autoridades provinciales y equipos técnicos para revisar la medida. "Es un servicio muy sensible, estamos hablando de dos vidas", remarcan, insistiendo en la necesidad de priorizar la atención materno-infantil en la región.

Mientras tanto, el nuevo esquema prevé la continuidad de controles prenatales y una guardia obstétrica, pero sin partos programados, lo que redefine completamente el funcionamiento del área. Para las autoridades locales, esto representa un retroceso en el sistema de salud pública y una pérdida significativa para la comunidad de Rivadavia y departamentos vecinos.