La Ley de Memoria Democrática española, que facilita la ciudadanía a descendientes de exiliados, ha resultado en un atasco administrativo sin precedentes. El Consulado General de España en Buenos Aires, por sí solo, ha acumulado más de 645.000 solicitudes.

Este aumento, impulsado por una prórroga de 365 días al plazo de solicitud del 22 de octubre, llevó a las autoridades a externalizar la digitalización de documentos en papel para el registro civil electrónico para acelerar el procesamiento.

Fuentes consulares indicaron que los detalles operativos para este nuevo sistema se están ultimando con Madrid y se implementarán en breve.

Al 31 de julio de 2025, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática había registrado 876.321 solicitudes a nivel mundial en virtud de la ley, de las cuales 366.579 provenían de Argentina (42% del total). Hasta la fecha, se ha concedido la ciudadanía a 174.277 argentinos.

El gran volumen de solicitudes ha generado aproximadamente 56 toneladas de documentos en papel. Extrapolando de la Ley de Memoria Histórica, que resolvió 60.000 casos en diez años, se estima que procesar el actual retraso podría llevar más de un siglo.

La última mitad de 2025 registró 298.701 nuevas solicitudes, con 220.000 solicitudes adicionales pendientes en los consulados de Córdoba, Bahía Blanca, Rosario y Mendoza.

El Consulado General en Buenos Aires procesa las solicitudes individualmente, cronológicamente y no por grupo familiar. El procesamiento depende de la recepción de un correo electrónico que activa el Identificador Único de Archivo (IDU), cuya generación tardía ha sido motivo de quejas.

Las autoridades consulares reconocen que su infraestructura tecnológica actual es insuficiente para gestionar el alto volumen de procesos digitales, lo que lleva a tiempos de procesamiento prolongados. Están actualizando la conectividad y agregando nueva infraestructura.

La Ley de Memoria Democrática amplió los derechos hereditarios de nacionalización, permitiendo a los descendientes de exiliados que salieron de España debido a la persecución política, ideológica o basada en la orientación sexual solicitar la ciudadanía. Un cambio clave es que ya no es obligatorio probar el exilio, lo que agiliza muchas solicitudes.

La ley también extiende los derechos de ciudadanía a los hijos adultos de quienes se beneficiaron de la Ley de Memoria Histórica de 2007, y a aquellos bajo la tutela de un ciudadano español.

La ciudadanía por residencia requiere demostrar residencia legal en España (un año para cónyuges de españoles; dos años para descendientes o nacionales de países iberoamericanos), carecer de antecedentes penales y un nivel comprobado de integración.

Argentina tiene la mayor comunidad española fuera de España, con 482.176 residentes españoles al 1 de enero de 2024, y se estima que tres millones de personas tienen vínculos familiares con el país, según el Instituto Nacional de Estadística español.

El Consulado y el Consejo de Residentes Españoles (CRE) siguen pidiendo paciencia y comprensión, reconociendo que los tiempos de procesamiento serán más largos de lo habitual debido a la magnitud de las solicitudes. El proceso está siendo supervisado directamente por Madrid y está recibiendo refuerzo tecnológico y de recursos humanos.