En busca de la verdad
En busca de la verdad
La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por posibles delitos contra la administración pública. Apunta a licitaciones millonarias y a un supuesto conflicto de interés en la concesión del predio.
La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en la concesión del predio de Tecnópolis que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La presentación judicial, que se conoció este jueves, apunta a posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al proceso de concesión del predio, bajo la órbita estatal entre 2025 y 2026.
Según el escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a los $3.650 millones para el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, la denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre firmas participantes como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría haber afectado los principios de competencia y transparencia en la contratación pública.
Además, se señalan variaciones de precios en licitaciones similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que -de confirmarse- podría configurar una "simulación de competencia" en perjuicio del Estado.
Por otra parte, el escrito pone el foco en un presunto conflicto de interés en la concesión de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti -esposa de Adorni-, y empresas vinculadas a firmas preseleccionadas para la concesión, lo que podría configurar, según la denuncia, delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. La legisladora solicitó la apertura de una investigación y la producción de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades.