En busca de la verdad
En busca de la verdad
A través de un dictamen señaló que la Asociación del Fútbol Argentino estaba obligada a pagar los impuestos retenidos.
El fiscal general de la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió que se rechacen los pedidos de sobreseimiento presentados por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes, en la causa que investiga la retención de $19.300 millones en impuestos y aportes.
Fue a través de un dictamen presentado ante la Cámara, en el que desestimó el argumento de las defensas, que aseguraron que no cometieron delito porque, aunque pagaron fuera de término, existen resoluciones oficiales que suspenden la ejecución de deudas fiscales.
"Que el Estado suspenda temporalmente los procedimientos para cobrar deudas fiscales no significa que la obligación de pagar haya desaparecido o que los plazos no hayan vencido, en especial teniendo en cuenta que tales vencimientos no fueron modificados por ninguna resolución", argumentó Pérez Barberá.
El fiscal remarcó que si la AFA retuvo dinero que no le pertenece y no lo depositó en las fechas legales, eso "no desaparece por obra de una mera tregua administrativa", y agregó: "No si la deuda es exigible, si el plazo venció y si, como consecuencia de ello, el dinero en cuestión no llegó al Estado en el tiempo exigido por ley".
Los miembros de la Reserva Federal incorporaron presiones inflacionarias adicionales en sus últimas estimaciones, producto de la guerra en Medio Oriente.
La causa investiga la retención indebida de $19.300 millones por parte de la AFA entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, correspondientes a IVA, Ganancias y aportes patronales.
Además de Tapia y Toviggino, están imputados el gerente general Gustavo Lorenzo, el actual secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario general Víctor Blanco.
Todos fueron citados a indagatoria por el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé una pena de dos a seis años de prisión.
Los acusados argumentaron que no estaban obligados a pagar fuera de plazo, porque hay resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía que establecen que hasta mitad de año no se pueden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles sin fines de lucro.
La defensa de Tapia planteó que si una deuda fiscal no se puede ejecutar, tampoco se puede exigir su pago. A esto se sumaron los abogados del resto de los imputados, que pidieron el sobreseimiento. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó el planteo, pero los acusados insistieron ante la Cámara.
Fuente:TN.com
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