La Cámara de Casación deberá decidir en los próximos días si la causa que investiga a miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas maniobras con cuentas en Estados Unidos continuará en el fuero Penal Económico o pasará al juzgado federal de Campana.

El planteo se reactivó luego de que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamara la acumulación de todos los expedientes vinculados al caso. Ahora serán los nuevos integrantes de Casación quienes deberán pronunciarse sobre ese pedido y definir qué tribunal seguirá al frente de la investigación.

En ese contexto, la fiscal Silvana Russi, del fuero penal ordinario, solicitó que la jueza Paula Petazzi deje de intervenir en el expediente por la presunta defraudación y que la causa sea remitida al fuero federal de Campana. Se trata del mismo ámbito judicial que ya habían reclamado los supuestos testaferros vinculados a una mansión bajo investigación y donde también aparece mencionado Luciano Pantano.

Russi está a cargo del expediente en el que fueron incorporados registros bancarios de la firma TourProdEnter, propiedad de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La documentación, compuesta por más de 3000 páginas de transferencias, fue obtenida a través de dos procedimientos de discovery tramitados ante la Justicia de Estados Unidos.

Según surge de esos documentos, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia cuatro sociedades radicadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. A su vez, en la causa se identificaron otras nueve firmas de características similares, también con sede en esa ciudad, que habrían recibido en conjunto cerca de 55 millones de dólares.

De acuerdo con la investigación, los fondos salieron de al menos cinco cuentas de TourProdEnter. La última de ellas, abierta en PNC Bank por el propio Faroni, habría recaudado unos 13 millones de dólares y desviado más de 3 millones al mismo entramado de sociedades bajo sospecha.

Sin embargo, el expediente no mostró avances significativos. Apenas ingresó la denuncia, la jueza Petazzi y la fiscal Russi sostuvieron que debía tramitar en el juzgado federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella, con el argumento de que ese magistrado ya había ordenado allanamientos sobre Faroni en su casa de Nordelta.

Ese planteo no prosperó. En febrero, el camarista Ignacio Rodríguez Varela resolvió que la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni por presunta administración fraudulenta debía permanecer en el fuero penal ordinario.

Desde entonces, la fiscalía impulsó algunas medidas de prueba, aunque ninguna resultó determinante para el avance del caso. No se ordenaron nuevos allanamientos, bajo el argumento de que ya se habían realizado en otras causas, y tampoco se profundizó sobre videos, fotos y chats que, según consta en el expediente, mostrarían una maniobra iniciada en Miami y extendida luego a través de financieras de la city porteña.

Ahora, con el pedido de Charvay para concentrar todas las causas en Campana, Russi volvió a pronunciarse a favor de la incompetencia del fuero actual. En su dictamen, sostuvo: "Del análisis de la información colectada, se pudo determinar que la prueba de interés resulta común a las tres investigaciones, que -más allá de sus variantes- en todas se investiga un mismo objeto procesal, y que existe una identidad respecto a las personas señaladas como imputadas como así también respecto a las sociedades involucradas".

La resolución de Casación será clave para determinar no solo qué juzgado quedará a cargo del expediente, sino también el rumbo de una causa que, pese al volumen de documentación incorporada y al alcance de las operaciones detectadas, permanece trabada por la disputa judicial sobre la competencia.