En busca de la verdad
En busca de la verdad
Es por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita.
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La Justicia allanaba la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Abel Furlán, por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Julián Ercoloni, por requerimiento del fiscal Eduardo Taiano.
Taiano investiga a Furlán y a María Soledad Calle por un contrato de la empresa USEM, que dirige, con la UOM.
La decisión de allanar las oficinas de la UOM, en Alsina al 400, fue adoptada por el juez federal Julián Ercolini, tras un pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Eduardo Taiano, en un requerimiento en el que apunta a que se investigue a Furlán y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM, por un contrato firmado por la UOM con esta compañía, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora, que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.
Técnicamente, en medios tribunalicios dan a Furlán y Calle como imputados en la causa, pero en la UOM aclararon que "no hay imputación" sino el pedido del fiscal de investigar una causa en la que, aseguraron, el jefe metalúrgico "aportó pruebas en forma voluntaria".
Abel Furlán, titular de la UOM
En ese sentido, Furlán hizo una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición toda la documentación del sindicato y atribuyó la denuncia a "una burda operación de prensa mediante la cual los dirigentes de una lista opositora local pretenden afectar indebidamente" la designación de la conducción nacional de la UOM, que tendrá lugar el 18 de marzo.
"No existe en lo actuado por la UOM de la República Argentina, ni por ninguno de sus dirigentes, los que firmaron los acuerdos del caso, su secretario general, su secretario adjunto, su secretario administrativo, ni su tesorero, ninguna irregularidad como las que se informan, ni delito alguno, ni cuestión que sea competencia de ese fuero penal extraordinario al que la ha traído el irresponsable denunciante serial ya conocido en el fuero", señaló Furlán en su presentación judicial.
Abel Furlán y María Soledad Calle serán investigados por pedido del fiscal Eduardo Taiano
La noticia sobre la imputación a Furlán la dio anoche el periodista Nicolás Wiñazki en el canal A24. Infobae accedió al escrito del fiscal Taiano, en el que afirma que "formuló requerimiento de instrucción ante el juez competente, impulsando la acción penal conforme el artículo 188 del Código Procesal Penal de la Nación".
Taiano dice: "Resulta materia de investigación en autos las presuntas conductas fraudulentas materializadas por aquellas personas encargadas de ejecutar actos de administración de intereses pecuniarios correspondientes a trabajadores nucleados por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), quienes habrían violado sus deberes y perjudicado los intereses confiados al gestionar de manera infiel el manejo de fondos concernientes a la mencionada organización sindical en aparente perjuicio de sus afiliados".
La hipótesis del fiscal parte de una denuncia presentada el 27 de febrero por opositores a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, anticipada por Infobae. Según la acusación, afirma Taiano, el líder metalúrgico "habría suscripto un contrato con la empresa USEM mediante el cual se habría cedido a dicha firma el control operativo y financiero del 80% de los aportes sindicales, incluyendo facultades para abrir cuentas bancarias, ejecutar pagos y administrar recursos del sindicato".
"El acuerdo habría establecido como contraprestación honorarios equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por cuota sindical -estimados en más de 100 millones de pesos mensuales- y una duración contractual de 10 años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo".
El requerimiento de Taiano también menciona un eventual conflicto de intereses, en razón de que María Soledad Calle, directora de la empresa contratada, "revestiría simultáneamente la condición de empleada en relación de dependencia de la UOM", circunstancia que "podría afectar la existencia de controles independientes sobre la gestión de los fondos sindicales".
Calle fue concejal del Frente de Todos en Zárate, milita en La Cámpora y sigue a Furlán a sol y sombra, ocupando importantes cargos en nombre del gremio a los que no llegan ni miembros del secretariado de la UOM.
En la investigación solicitada, el fiscal requirió al juez la producción de diversas medidas preliminares, entre ellas solicitar a la Inspección General de Justicia la nómina de accionistas y directores de USEM, requerir información a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales respecto de la eventual relación laboral de María Soledad Calle con la UOM y obtener los estados contables del sindicato correspondientes a los últimos 5 períodos.
De todas formas, la existencia de imputados en la causa no implica aún la determinación de una responsabilidad penal, sino la apertura formal de una etapa destinada a verificar la verosimilitud de la hipótesis delictiva a través de la producción de prueba.
El dato del acuerdo entre la UOM y USEM, revelado por el diario Clarín, se difundió a pocos días de las elecciones en las 54 seccionales de la UOM, donde entre el 2 y el 4 de marzo se eligieron las nuevas autoridades de esas filiales. Pese a la denuncia, Furlán se impuso ante la lista opositora de Angel Derosso por el 85% de los votos, aunque los disidentes anunciaron que impugnarán el resultado ante la Justicia porque "hubo fraude".
Ahora, el 18 de marzo, el colegio electoral de la UOM elegirá a la nueva conducción nacional del sindicato. Furlán aspira a conseguir su primera reelección, aunque se está formando una coalición de seccionales rebeldes para tratar de impedirlo y designar a otro líder nacional.
El permiso de viaje a Paraguay rige del 18 al 20 y quedó condicionado al pago de una caución de $30 millones. El juez Diego Amarante analiza si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito en la causa por presunta evasión de $19.000 millones.
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