En busca de la verdad
En busca de la verdad
A través de su página oficial y redes sociales, la institución salió a responder a un nuevo revés judicial en contra de sus autoridades.
Luego de la citación a indagatoria a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Pablo Toviggino, tesorero y mandamás del Consejo Federal de la casa madre del fútbol argentino, hubieron reacciones.
El pedido llegó por parte del juez penal en lo económico Diego Amarante -tras un pedido de ARCA- en el marco de la causa que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.
En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial. La AFA informó que bajo esta gestión logró revertir acuerdos económicos históricos que favorecían a agentes y terceros, recuperando la mayoría de los ingresos por los derechos de su mayor activo, la Selección Argentina, y advirtió sobre intentos de desestabilización institucional vinculados a la pérdida de privilegios económicos.
Según expresaron en el texto, esta transformación, iniciada con la asunción de la nueva conducción en 2017, implicó la revalorización de sus activos y la renegociación de contratos con socios comerciales, sponsors y agentes que desde hacía años explotaban derechos cedidos hasta 2030 bajo condiciones desfavorables para la entidad.
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El Presidente analiza ofrecer un discurso basado en las reformas que logró instrumentar y repasar sus objetivos legislativos para este año.
Los fundamentos de la denuncia de la ARCA
La ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
ARCA acusa a la AFA de omitir el pago del dinero obtenido como agente de retención
El organismo explicó que estas maniobras configuran "el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno".
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
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