En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Cámara Federal lo sorteó para reemplazar en el Juzgado Federal 11 a Sebastián Casanello, quien dejó el expediente tras procesar a 19 imputados, incluido el exdirector Diego Spagnuolo. Las defensas insisten con nulidades y la Cámara ordenó revisar un planteo sobre audios clave.
El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por supuestas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego del sorteo realizado en la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11. La causa venía siendo instruida por Sebastián Casanello, quien en los últimos días dictó procesamientos contra 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular del organismo.
De acuerdo con lo resuelto en el expediente, Casanello solicitó ser excluido del sorteo para un nuevo período de subrogancia. Con esa decisión, quedaron como opciones Lijo y María Eugenia Capuchetti, mientras que María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi también optaron por apartarse.
El cambio de magistrado se da en un momento procesal sensible: las defensas de los acusados vienen impulsando una estrategia para anular la investigación, con cuestionamientos sobre la forma en la que se obtuvieron y utilizaron pruebas. Entre los puntos más discutidos aparecen audios atribuidos a Spagnuolo, que habrían sido relevantes para sostener la hipótesis acusatoria.
En las últimas horas, la Cámara Federal ordenó que se vuelva a examinar el planteo de Spagnuolo -que Casanello había rechazado- en el que se pone en duda la autenticidad de esos audios. La resolución fue firmada por Martín Irurzun y Roberto Boico, con disidencia de Eduardo Farah, e incluyó críticas al juzgado por no haber tramitado el reclamo conforme a una instrucción previa del tribunal. Según consta, el planteo había sido descartado "in limine" sin abrir el procedimiento correspondiente, a pedido de los abogados Mauricio D'Alessandro y Pablo Parera.
Un informe interno, ordenado tras el estallido del escándalo por audios, expuso graves irregularidades en compras y controles de la Agencia Nacional de Discapacidad y resultó determinante para que el juez Sebastián Casanello dictara procesamientos por presunta corrupción.
La defensa sostuvo en distintas presentaciones que los registros tendrían cortes, falta de metadatos y eventuales señales de manipulación, incluso con herramientas de inteligencia artificial, y citó la doctrina del "fruto del árbol envenenado": si la prueba original es inválida, argumentan, podría arrastrar la nulidad del resto de la investigación.
Antes de dejar la causa, Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 imputados por administración fraudulenta. En sus decisiones, el magistrado describió un presunto entramado de adjudicaciones direccionadas, sobreprecios en compras de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad y un esquema de retornos a través de proveedores, entre ellos droguerías. Entre los procesados figuran Daniel María Garbellini (exsubdirector), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como presuntos referentes de la asociación ilícita investigada. También dispuso embargos elevados y nuevas indagatorias, con foco en las estructuras societarias vinculadas.
Con este cuadro, Lijo toma un expediente que ya tiene procesamientos dictados, pero que al mismo tiempo quedó condicionado por la obligación de revisar, hacia atrás, la discusión sobre la validez del inicio y de ciertas pruebas. El resultado de ese análisis puede abrir dos caminos: un cierre anticipado si prosperan las nulidades o una aceleración rumbo a juicio si los cuestionamientos son descartados.
Lijo, titular del Juzgado Federal 4, había sido propuesto por el presidente Javier Milei como candidato a la Corte Suprema, aunque esa postulación no prosperó en el Senado. Ahora deberá encarar una investigación que, según planteos incorporados al expediente, también roza a figuras del actual oficialismo, incluido el Presidente y su hermana Karina Milei.
