El gobierno de Entre Ríos denunció este martes el hallazgo de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación. La situación fue confirmada a través de un comunicado oficial y ya derivó en una denuncia penal y en el inicio de una investigación administrativa interna.

"Este tipo de prácticas constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas", señalaron desde la administración provincial en el documento difundido tras el descubrimiento.

En el Ejecutivo entrerriano remarcaron que la investigación buscará establecer quiénes fueron los responsables, cuánto tiempo estuvieron instalados los aparatos y qué uso se hizo de la información obtenida.

En ese marco, el comunicado incluyó una definición política sobre el rumbo de la gestión: "Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar", expresaron.

Por su parte, Frigerio ratificó la denuncia en su cuenta de X y afirmó: "En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian". Además, sostuvo que el hallazgo "no" frenará el plan de cambios iniciado "en diciembre de 2023".

El episodio también generó repercusiones en el plano partidario: desde el PRO repudiaron lo sucedido y manifestaron su respaldo al mandatario. "Estos hechos son gravísimos y nos remiten a las peores prácticas del pasado. En democracia no hay lugar para operaciones, aprietes ni estructuras clandestinas. Que la Justicia investigue y sancione a los responsables", expresaron en un mensaje difundido en redes.