El caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde hace un año en Venezuela, volvió a instalarse en el centro del debate internacional luego de que la Argentina presentara una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El reclamo fue expuesto en Ginebra por Carlos Foradori, representante del Gobierno argentino ante organismos internacionales.

Durante su intervención, Foradori advirtió que la falta de una respuesta concreta por parte de la comunidad internacional frente a la situación de Gallo equivale a convalidar violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido, sostuvo que la información reunida sobre Venezuela es "contundente" y que no admite interpretaciones ambiguas.

El diplomático señaló que desde hace más de una década se documentan en el país caribeño prácticas sistemáticas como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política. Según afirmó, esos patrones se reflejan de manera clara en el caso del gendarme argentino.

Foradori detalló que Gallo permanece privado de su libertad desde hace más de un año, sin que exista una orden judicial conocida, incomunicado y sin acceso a asistencia consular ni a una defensa independiente. Además, cuestionó las acusaciones formuladas por las autoridades venezolanas, que lo señalan por presuntos delitos contra la seguridad del Estado, pese a que al momento de su detención no había ingresado formalmente al país.

El representante argentino también remarcó que el Consejo de Derechos Humanos no puede mantenerse al margen. Afirmó que la neutralidad o la espera pasiva solo favorecen la impunidad y representan una falta grave hacia quienes defienden la libertad y el respeto por el derecho internacional.

En la misma línea, la activista venezolana Elisa Trotta aseguró que Gallo lleva 365 días sin contacto con su familia ni con abogados y expresó su convicción de que el caso no quedará impune.

La detención ocurrió el 8 de diciembre de 2024, cuando Gallo cruzó desde Colombia por un paso fronterizo terrestre. Según el Gobierno argentino y su familia, el gendarme viajaba con el objetivo de reencontrarse con su pareja y su hijo. Sin embargo, el régimen venezolano afirmó que integraba un grupo de supuestos "mercenarios" extranjeros que planeaban atentar contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, e incluso insinuó una presunta responsabilidad del Ejecutivo de Javier Milei.

A un año del hecho, el Gobierno argentino calificó oficialmente el caso como una "desaparición forzada" y una violación flagrante del derecho internacional. El reclamo fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y otros foros multilaterales, con pedidos de medidas urgentes para lograr su liberación.

Desde el entorno familiar, la pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, reiteró que el gendarme fue detenido únicamente por su nacionalidad y reclamó una reacción más amplia de la sociedad argentina frente a su situación.