En un nuevo avance del juicio por la expropiación de YPF, la jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó un pedido de la compañía y ordenó que, en un plazo de 15 días, entregue la documentación solicitada en el marco del proceso de Discovery. El eje del debate es determinar si la petrolera funciona como "alter ego" del Estado argentino, una definición que podría exponer sus activos a embargos internacionales.

La decisión de Preska implica que YPF deberá precisar qué documentos y comunicaciones serán entregados. Para ello, dispuso que en dos semanas se presente un plan con el detalle de la información requerida. El próximo 25 de septiembre comenzarán los alegatos que buscarán definir si se ratifica la orden de la magistrada de transferir acciones de la empresa a los demandantes como parte de pago.

El planteo sobre el "alter ego" no reabre el caso original, pero sí resulta decisivo: de confirmarse que YPF opera como una extensión del Estado, sus bienes podrían ser utilizados para ejecutar la sentencia contra la Argentina, que asciende a US$18.000 millones, una de las condenas más elevadas en la historia judicial del país en el exterior.

La jueza aclaró que serán las partes quienes deberán negociar los límites del Discovery, estableciendo qué tipo de documentos deberán entregarse y bajo qué condiciones.

En este escenario, la petrolera mantiene varios frentes abiertos en Nueva York y enfrenta una presión creciente sobre su futuro financiero, en paralelo a las discusiones sobre cómo afrontar el pago de la millonaria condena.