Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, el Congreso avanzó en una rara coincidencia entre oficialismo y oposición. La norma obliga al Ejecutivo a promulgar el beneficio para personas con discapacidad, pese al rechazo presidencial.
La sesión en el Senado dejó en claro que las fuerzas políticas están dispuestas a marcarle límites al presidente Javier Milei. Con una contundente mayoría de 63 votos afirmativos y apenas siete negativos, la Cámara alta rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada en Diputados por el legislador de Unión por la Patria Daniel Arroyo.
El resultado reflejó no solo la decisión de bloques opositores, sino también el acompañamiento de aliados habituales del oficialismo, como el PRO, la UCR y algunas fuerzas provinciales. Los discursos en el recinto estuvieron cargados de críticas al Presidente.
"El veto me dejó atónito: nos piden que señalemos recursos cuando hace dos años que no presentan Presupuesto. No hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos", señaló el senador radical Maximiliano Abad. Su par Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz, fue más categórica: "No se puede vetar la dignidad, la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Gobernar no es excluir. Señor Presidente, gobierne para todos los argentinos".
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Tras la caída del veto en el Senado, la Casa Rosada analiza no presentar una denuncia inmediata y dejar que la oposición avance en tribunales. Mientras tanto, asegura que no aplicará el aumento de fondos para pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad.
El senador José María Carambia, también de Santa Cruz, advirtió: "Si usted no cumple esta ley, seré el primero en presentar un juicio político".
De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución, tras la insistencia de Diputados y Senadores con dos tercios de los votos, el paso que sigue es que el Ejecutivo promulgue la norma, aun en contra de su voluntad.
No sucedía desde hace más de 20 años. La última vez que el Congreso rechazó un veto presidencial fue en marzo de 2003, cuando se le dio la espalda a Eduardo Duhalde al insistir con la llamada "Ley Azucarera".
La Ley de Emergencia en Discapacidad establece un refuerzo de las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio, habilita nuevas altas y garantiza compatibilidad con empleos formales de bajos ingresos. Además, prevé medidas de alivio fiscal para prestadores y un régimen de emergencia de un año, con un costo fiscal estimado entre 0,28% y 0,51% del PBI.