En busca de la verdad
En busca de la verdad
En una reunión autoconvocada de la comisión de Libertad de Expresión, legisladores opositores respaldaron a Jorge Rial y Mauro Federico, denunciados por el Gobierno tras difundir audios que exponen un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La oposición se autoconvocó este martes en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para rechazar el pedido del Gobierno a la Justicia de allanar el canal de streaming Carnaval y avanzar contra los periodistas que difundieron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se describía un presunto esquema de corrupción.
"Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la comisión. Es un modus operandi que tiene el oficialismo", señaló el vicepresidente del cuerpo, Christian Castillo, al inicio de la reunión. Como la convocatoria no fue formal, los diputados no pudieron emitir dictamen, pero el objetivo fue respaldar públicamente a los periodistas involucrados.
El primero en hablar fue Jorge Rial, quien denunció una persecución política: "Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar más investigaciones y más pruebas. Lo importante es la documentación que tenemos, que muestra cómo se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios para discapacitados a cambio de dinero". Además, advirtió: "Si nos llevan puestos a nosotros, se van a llevar puestas todas las libertades".
La ministra de Seguridad sostuvo que la grabación fue realizada en la Presidencia de la Cámara Baja y acusó a la oposición de montar "una operación planificada" para perjudicar al oficialismo en plena campaña electoral.
Rial agradeció el apoyo opositor y reivindicó al periodismo local:"No quiero escuchar Radio Colonia como en los 70, quiero informarme por medios argentinos".
Por su parte, Mauro Federico negó cualquier vínculo con servicios de inteligencia o con el empresario Franco Bindi, señalado por el oficialismo. "<afirmó.
Mientras tanto, en el plano judicial, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación sobre la denuncia del Gobierno por presunto espionaje ilegal, aunque aclaró que la pesquisa no podrá indagar en las fuentes de los periodistas "por mandato constitucional".
El Presidente tendrá cinco días para responder por escrito al cuestionario elaborado por el cuerpo legislativo. En tanto, se buscará que Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y otros funcionarios declaren en forma presencial.
De esta manera, el caso suma tensión política e institucional al cruzar al Poder Ejecutivo, al Congreso, a la Justicia y a la prensa en un debate sobre los límites de la libertad de expresión y la persecución de la corrupción.
