El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este un capítulo clave: el Gobierno reconoció oficialmente la existencia de sobreprecios en la compra de medicamentos, tras una primera auditoría iniciada en el organismo.

De acuerdo con datos preliminares, en al menos siete fármacos analizados, la ANDIS pagó más caro que el Ministerio de Salud por insumos idénticos. El caso más notorio es el de la PEG Asparaginasa, un medicamento utilizado contra la leucemia linfoblástica aguda.

Según el informe, en agosto de este año el programa Incluir Salud (que depende de la ANDIS) abonó $13.500.176 por ese fármaco, mientras que un año antes el Ministerio de Salud lo había adquirido por $8.274.027. Descontando la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, la diferencia implica que la ANDIS pagó un 27% más caro.

La revisión de contratos comenzó esta semana y se extenderá en los próximos días hasta completar la auditoría integral. El viernes pasado, el Gobierno formalizó la intervención del organismo y designó como interventor a Alejandro Vilches, ex secretario de Gestión Sanitaria y hombre de confianza del ministro de Salud, Mario Lugones.

Qué respuestas dio Francos en Diputados sobre las auditorías en Discapacidad 

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El jefe de Gabinete entregó un informe de 1.223 páginas ante las consultas de los legisladores. Qué dijo sobre la situación del Garrahan.

El caso estalló tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo, ahora ex titular de la ANDIS, donde denunciaba supuestas maniobras de corrupción vinculadas a compras de medicamentos y mencionaba a la droguería Suizo Argentina como uno de los actores centrales.

La empresa, propiedad de la familia Kovalivker, es una de las principales del sector farmacéutico y mantiene múltiples contratos con el Estado. Además de la ANDIS, ha participado en licitaciones del Ministerio de Salud, el Estado Mayor de la Armada, la Policía Federal Argentina, y hospitales nacionales como el Posadas y el Sommer.

La investigación sobre los sobreprecios y los eventuales vínculos con presuntas coimas se convirtió en uno de los ejes de la crisis política que atraviesa la Casa Rosada.

El interventor Vilches deberá entregar un informe detallado sobre los procesos de compra del área de Discapacidad. En paralelo, la Justicia federal investiga la posible existencia de delitos de defraudación, cohecho y asociación ilícita, tras la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón.

Con los primeros números sobre la mesa, el Gobierno busca mostrar control político sobre la situación. Sin embargo, la trama de contratos y sobreprecios amenaza con seguir creciendo en las próximas semanas.