En busca de la verdad
En busca de la verdad
Tras el rechazo del DNU que modificaba la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Gobierno nacional emitió una resolución que dejó a 49 trabajadores mendocinos en disponibilidad. El sector vitivinícola se enfrenta a un escenario de incertidumbre operativa y conflicto institucional.
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La vitivinicultura mendocina, columna vertebral de la economía regional, atraviesa días de desconcierto. A pesar del rechazo legislativo al DNU que desestructuraba al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Gobierno nacional avanzó con una resolución que dejó a 49 empleados en disponibilidad, generando un fuerte impacto gremial y operativo.
La medida se conoció apenas una hora después de que el Senado ratificara el rechazo al decreto 462/2025, lo que devolvía al INV su carácter autárquico. Sin embargo, la resolución oficial -publicada en el Boletín Oficial- desvinculó a profesionales con años de trayectoria, muchos de ellos con funciones técnicas clave para el control de calidad y trazabilidad del vino argentino.
Desde ATE, el delegado Gonzalo Pérez Catón calificó la decisión como "un acto de mala fe" y denunció su ilegalidad, al haberse emitido mientras el Congreso debatía el rechazo al DNU. La tensión escaló aún más cuando se conoció que una persona falleció en el organismo durante una reunión, en medio de la angustia generada por el proceso.
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El funcionario recibió más de 1200 preguntas por parte de los legisladores de diferentes bloques. La visita del ministro coordinador es una obligación del jefe de Gabinete de Ministros establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional. Será su quinto informe desde que asumió en mayo de 2024.
El futuro del INV no solo preocupa por lo laboral. Las modificaciones propuestas -aunque ahora en revisión- apuntaban a limitar los controles a la etapa final del producto, dejando sin fiscalización procesos como la cosecha, elaboración y transporte. Esto, según voces del sector cooperativo, ponía en riesgo la trazabilidad y la calidad que posicionan al vino argentino en el mundo.
Mientras gremios preparan acciones judiciales y el sector privado debate cómo avanzar con reformas consensuadas, el INV queda atrapado entre dos modelos: uno que busca eficiencia con menos burocracia, y otro que defiende el control integral como garantía de calidad y transparencia.
En Mendoza, donde el vino es más que una industria, el conflicto no solo se mide en despidos: se mide en identidad, territorio y futuro.
