En una entrevista con MNews Radio, El Observador Mendoza, la candidata a diputada nacional y abogada Marisa Uceda explicó el alcance de la denuncia presentada contra las autoridades del PAMI por el incumplimiento en la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados.

En diciembre, junto al doctor Carlos Blanco, Uceda presentó un amparo con medida cautelar en representación de la asociación de jubilados JUPE, solicitando que se declarara nula la resolución del gobierno de Javier Milei que eliminaba el programa A Vivir Mejor. La justicia federal hizo lugar al pedido y ordenó restablecer la cobertura al 100% del vademécum de medicamentos incluidos en el plan.

"El juez federal Pablo Quirós estableció que el PAMI debía garantizar la entrega de los remedios con cobertura total".

Sin embargo, Uceda denunció que el PAMI no cumplió con lo ordenado, lo que derivó en una audiencia de acusación formal contra los directores ejecutivos del organismo a nivel nacional y local. La querella sostiene que existe incumplimiento de una orden judicial, lo que habilitó la vía penal.

"Hoy están formalmente acusados y tenemos el trabajo de seguir por la vía civil para que nuestros jubilados reciban lo que es un derecho", comentó Uceda.

Además de la causa penal, en el fuero civil se acumulan presentaciones de distintas provincias que se sumaron al fallo mendocino, lo que convierte al expediente en un caso de gran alcance nacional. El incumplimiento del PAMI genera una multa diaria de 500 mil pesos por cada día en que no se restituye la cobertura plena.

La candidata a diputada nacional destacó que el plan A Vivir Mejor universalizaba medicamentos esenciales para tratamientos crónicos y continuos, aliviando el gasto cotidiano de los jubilados.

"El 60% de los jubilados del país cobra la mínima, y el acceso gratuito a estos medicamentos era un alivio real para su economía", explicó la abogada laboralista.

Mientras las autoridades del PAMI sostienen que la cobertura no fue interrumpida, la realidad que denuncian jubilados y asociaciones muestra lo contrario. Casos concretos en Mendoza evidencian negativas en la entrega de remedios y en la cobertura de cirugías.

La resolución judicial de Mendoza sienta un precedente clave para otras provincias, donde se multiplican las presentaciones exigiendo que se cumpla con el derecho a la salud de los jubilados.

"No es un capricho, se trata de medicamentos vitales para personas que no pueden esperar", cerró Uceda.