A menos de una semana del vencimiento del plazo fijado por la Justicia para que los condenados en la causa Vialidad devuelvan los 530 millones de dólares que deben restituir al Estado, ninguno de los principales implicados ha realizado el depósito correspondiente. Entre los condenados figura Cristina Kirchner, quien hasta el momento no ha realizado ningún depósito en la cuenta especial habilitada en el Banco Nación. Tampoco lo han hecho Lázaro Báez ni José López, quienes, al igual que Kirchner, son los principales responsables del fraude.

El plazo límite para cumplir con la devolución es el próximo 13 de agosto. Si para esa fecha los fondos no son depositados, la Justicia avanzará con una nueva etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una acordada reciente de la Corte Suprema de Justicia abrió la posibilidad de que parte de esos bienes sean utilizados para fines institucionales, en lugar de ser subastados.

La Corte Suprema aprobó una acordada que permite afectar o asignar ciertos inmuebles decomisados a la Corte o al Consejo de la Magistratura, en lugar de proceder a su venta. Según la Corte, estos inmuebles pueden ser utilizados por el máximo tribunal de justicia para mejorar el servicio de justicia o ser asignados a instituciones relacionadas con el ámbito judicial.

El texto aprobado por los ministros del tribunal establece que esos inmuebles puedan ser usados para su propio uso institucional o el de otras entidades vinculadas al sistema de justicia, como el Consejo de la Magistratura.

En cuanto a Cristina Kirchner, quien fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron al menos dos propiedades en Buenos Aires que podrían ser objeto de decomiso. A estas propiedades se sumanlos departamentos en el Madero Center y otras 24 propiedades en el sur del país.

Estas propiedades, aunque están embargadas en el marco de la causa Hotesur - Los Sauces y cedidas a Máximo y Florencia Kirchner, podrían ser subastadas en la causa Vialidad, que fue la primera en llegar a sentencia. Los fiscales están trabajando en un segundo listado de inmuebles que contempla, entre otros, los departamentos de Madero Center y una unidad ubicada en San José 1111.

Además de la subasta, la nueva posibilidad sobre la mesa es que los bienes decomisados sean destinados a fines públicos y sociales. Según la acordada de la Corte, si no se avanza con la venta inmediata de los bienes, se podrían firmar convenios con provincias, municipios o entidades de bien público para darles un uso prioritario en áreas sociales, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de vulnerabilidad.

La causa Vialidad, que investiga el direccionamiento fraudulento de contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en favor del empresario Lázaro Báez, concluyó que este accionar provocó un perjuicio millonario al Estado. El fallo, emitido en diciembre de 2022, ordenó la devolución de los 530 millones de dólares, una cifra que aún no ha sido resarcida.

Mientras se aguarda el cumplimiento del plazo para la devolución de los fondos, la Justicia sigue adelante con las acciones para garantizar la recuperación de los bienes que fueron obtenidos de forma ilícita, a la vez que se plantea la opción de utilizarlos con fines institucionales y sociales.