El sol apenas asomaba sobre los cerros de Uspallata cuando comenzaron a llegar los primeros asistentes. Con temperaturas bajo cero y un aire cargado de expectativa, se dio inicio a la audiencia pública por el proyecto minero San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino. El escenario elegido fue el propio yacimiento, donde se montó la infraestructura para recibir a los oradores presenciales y virtuales que, durante más de una semana, expondrán sus posturas ante la Autoridad Ambiental Minera.

La jornada inaugural tuvo un tono marcadamente favorable al proyecto. Empresarios, comerciantes, dirigentes políticos y vecinos de la zona coincidieron en destacar la oportunidad que representa la minería para una región históricamente postergada. Pero entre los discursos también afloraron reclamos profundos: falta de servicios básicos, escasa infraestructura sanitaria y educativa, y una sensación de abandono que atraviesa a la comunidad de montaña.

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La vicepresidenta participó de la recepción de los restos del sargento Cabral y fue recibida por el gobernador.

"Hace diez días casi pierdo a mi hijo por falta de atención médica. Mi hijo es autista y no hay recursos para atenderlo acá", relató una vecina, visiblemente emocionada. Su testimonio, como tantos otros, puso en evidencia que el debate por San Jorge excede lo técnico y lo ambiental: se trata también de una discusión sobre el modelo de desarrollo que Mendoza quiere para sus zonas cordilleranas.

La ministra Jimena Latorre, presente en el acto, aseguró que el Gobierno impulsa la minería "pero no a cualquier precio". Por su parte, el CEO de la empresa, Fabián Gregorio, prometió priorizar la contratación local y respetar los estándares ambientales exigidos por la ley 7722. "No vamos a defraudar ni económica ni socialmente", afirmó.

Mientras tanto, en el pueblo de Uspallata, a pocos kilómetros del yacimiento, se desarrollaba una audiencia paralela. Convocada por organizaciones ambientalistas, asambleas del agua y ciudadanos autoconvocados, la concentración buscó visibilizar el rechazo al proyecto y defender el recurso hídrico como bien común. Sin incidentes, pero con firmeza, los manifestantes marcharon desde la iglesia hasta la plaza central, en una postal que recuerda que el consenso aún está lejos.

La audiencia pública, aunque no vinculante, es un paso clave en el proceso de evaluación ambiental. Los aportes serán incorporados al expediente que deberá resolver el Poder Ejecutivo, y si se aprueba, el proyecto será enviado a la Legislatura para su ratificación final.

El primer día dejó claro que San Jorge no es solo una mina: es el espejo de una provincia que debate su futuro entre la urgencia social, la promesa económica y la defensa del ambiente.