El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a Cristina Fernández de Kirchner y a los otros ocho condenados en la causa Vialidad a pagar $684.000 millones en concepto de decomiso por la maniobra de direccionamiento fraudulento de obra pública que benefició a Lázaro Báez. Los acusados tienen un plazo de 10 días hábiles para efectuar el depósito en una cuenta del Banco Nación, es decir, hasta el 13 de agosto a las 9:30, ya que la feria judicial interrumpe el cómputo de los plazos.

En caso de no cumplir con el pago, la Justicia procederá al remate de los bienes embargados que figuran a nombre de los condenados. El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, ya presentó un detallado inventario patrimonial, que incluye propiedades, cuentas bancarias, sociedades y vehículos registrados a nombre de Cristina Kirchner, sus hijos, Báez y el resto de los imputados.

El cálculo del decomiso fue realizado en base a los beneficios indebidos obtenidos por Báez a través de contratos de obra pública en Santa Cruz -el 80% adjudicados a Austral Construcciones-, que en muchos casos no fueron concluidos o se realizaron con sobreprecios del 20%, según determinó la Justicia.

Causa Vialidad: la Justicia ordena a CFK y otros condenados devolver más de $684 mil millones

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Les dio un plazo de diez días hábiles. Además, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó la suma de $42 mil millones ofrecida por la defensa de la expresidenta y se mantuvo en el número establecido por los peritos de la Corte.

El foco sobre el patrimonio de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Entre los bienes embargados para cubrir el decomiso figuran:

• 24 inmuebles en Santa Cruz, entre ellos su residencia en El Calafate, la casa familiar en Río Gallegos y el hotel boutique Los Sauces.
  
• Dos departamentos en Recoleta, uno de ellos donde vivía hasta el intento de atentado en 2022.
  
• Cuentas bancarias en pesos y dólares, cajas de ahorro, plazos fijos, caja de seguridad y cuentas comitentes.
  
• Acciones en sociedades cotizantes en el exterior, como Apple, Visa, Microsoft y Mercado Libre.
  
• Tres sociedades familiares: Hotesur SA, Los Sauces SA y COMASA, todas cedidas a sus hijos en 2016 y actualmente embargadas.
  

La estrategia de donación en vida de sus bienes, efectuada en mayo de 2016, fue señalada como una maniobra para eludir embargos judiciales, según denunció en su momento Margarita Stolbizer. Esa transferencia de activos ocurrió pocos días después de que Cristina fuera procesada por primera vez en la causa dólar futuro y mientras ya enfrentaba investigaciones por presunto lavado de dinero en los expedientes Hotesur y Los Sauces.

Entre 2003 y 2016, el patrimonio del matrimonio Kirchner creció exponencialmente. Al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, la pareja declaró $7 millones en activos. En 2008, el patrimonio neto alcanzó los $47 millones, impulsado por negocios inmobiliarios, venta de terrenos fiscales y el desarrollo de hoteles gestionados por empresas vinculadas a Báez.

En 2015, Cristina Kirchner cerró su mandato con una fortuna declarada de $72 millones. Al año siguiente, esa cifra cayó abruptamente a $3,5 millones tras la donación del 50% de sus bienes a sus hijos.

Hoy, los bienes y activos de la ex mandataria están parcialmente cautelados en distintas causas judiciales. Si no se cumple con el pago del decomiso, la Justicia avanzará en la ejecución forzada de esos activos para saldar el monto millonario.

El legajo patrimonial de cada uno de los condenados ya fue abierto. La Justicia determinará ahora qué bienes son ejecutables, considerando que algunos ya se encuentran embargados en otras causas. Desde Comodoro Py explicaron que "se ejecuta el decomiso en la causa que llega primero a sentencia".

Mientras tanto, los abogados de los condenados evalúan apelar la ejecución del decomiso, aunque el fallo ya fue ratificado por la Cámara de Casación y representa un antecedente sin precedentes en la historia judicial reciente. La sentencia aún no está firme ante la Corte Suprema, pero al estar vinculada al recupero de activos, el proceso puede avanzar en paralelo.