La jueza Loretta Preska convocó a una nueva audiencia el próximo 29 de julio en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El foco estará puesto en la discusión por el discovery, es decir, el acceso a documentación sensible que reclaman los fondos demandantes. Mientras tanto, la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió de forma preventiva la entrega de acciones de la petrolera.

Durante la audiencia realizada hoy, Preska otorgó un plazo de dos semanas para que las partes intercambien escritos y negocien qué documentos podrían ser compartidos, con el objetivo de reducir la tensión judicial. Desde la Casa Rosada insisten en que no se cederá información sobre activos que puedan ser objeto de embargo, y descartan cualquier acercamiento fuera del marco procesal.

En paralelo, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York aceptó analizar la apelación del fallo que obliga a Argentina a pagar US$16.000 millones -hoy estimado en US$17.750 millones con intereses- y suspendió provisionalmente la ejecución que incluía la entrega de acciones estatales de YPF. El tribunal ordenó a Burford presentar su oposición antes del 17 de julio y dio tiempo al Estado argentino hasta el 22 para su réplica.

La decisión representa un respiro para el Gobierno, que busca impedir un proceso de ejecución anticipada de la sentencia. Desde Balcarce 50 advirtieron que la transferencia de acciones implicaría "un daño irreparable" y que no puede concretarse mientras la Corte de Apelaciones no se expida sobre el fondo del caso.

Juicio por YPF: la Cámara de Apelaciones de EE.UU. suspendió la entrega de las acciones de la empresa

Argentina

Es un tribunal de segunda instancia de Nueva York. Hizo lugar a la presentación de la Argentina tras la negativa de la jueza Loretta Preska.

El Ejecutivo confía en que se prolongue la suspensión de la sentencia y, en caso contrario, anticipa que recurrirá a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Argumenta que la entrega de acciones habilitaría su inmediata venta por parte de los demandantes, lo que generaría efectos irreversibles para el país.

Además, el Gobierno celebró la decisión de la Corte de Apelaciones de dividir en cuatro tramos el proceso apelatorio, lo que podría permitir una estrategia legal más segmentada.

El conflicto judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando el gobierno argentino nacionalizó el paquete accionario de Repsol pero no hizo lo mismo con el resto de los accionistas, como exigía el estatuto de la compañía. El fallo inicial de Preska en 2023 dio la razón a los fondos Burford y Eton Park, que adquirieron los derechos litigiosos del grupo Petersen, entonces dueño del 25% de YPF.

Desde entonces, el litigio se ha intensificado con sucesivos recursos, reclamos y presiones por parte de los fondos. La estrategia de los demandantes incluyó el pedido de entrega de acciones en manos del Estado, lo que obtuvo el aval de la jueza Preska, pero ahora quedó en suspenso por la intervención del tribunal superior.

En medio de esta disputa, el Gobierno argentino sostiene que está en juego la soberanía económica del país y que no se puede permitir que se ejecute una sentencia que aún no está firme.