La jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones de YPF como parte del pago de la sentencia por US$16.100 millones, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera estatal. La decisión se produce mientras sigue en curso la apelación presentada por el país ante la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Preska había anticipado días atrás que definiría esta semana sobre el planteo del Ejecutivo argentino. En su resolución, la magistrada otorgó además un plazo adicional de tres días para que las partes se presenten ante el tribunal de alzada, instancia a la que Argentina ya recurrió el pasado jueves.

El conflicto judicial se remonta a la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En septiembre de 2023, Preska falló en contra del Estado argentino, al considerar que se violó el estatuto de la compañía al nacionalizar la participación de Repsol sin extender una oferta similar al resto de los accionistas minoritarios.

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El reclamo fue impulsado por los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos litigiosos del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, exaccionista del 25% de YPF. La sentencia inicial de US$16.100 millones ahora se estima en US$17.750 millones, al incluir intereses.

Ante la falta de pago y la demora en alcanzar un acuerdo, los demandantes intensificaron sus presiones judiciales, solicitando que parte del fallo se cumpla con acciones de YPF en manos del Estado argentino. Esta medida ya cuenta con el aval de Preska y podría abrir la puerta a otros acreedores para reclamar pagos en la misma modalidad.

El presidente Javier Milei rechazó públicamente la posibilidad de avanzar en ese camino. "El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir", sostuvo la semana pasada.

Con la apelación ya presentada, el futuro del caso queda ahora en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. La Argentina busca revertir un fallo que considera desproporcionado y jurídicamente improcedente, mientras los demandantes avanzan en acciones para forzar el cumplimiento de la sentencia.

Por el momento, la entrega de acciones sigue vigente, aunque su ejecución podría quedar suspendida si la apelación prospera o si se emite una medida cautelar desde el tribunal de alzada.