La defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó una nueva estimación del monto que debería ser decomisado en la causa Vialidad, muy por debajo del cálculo realizado por los peritos oficiales de la Corte Suprema. Según el perito de parte, José Lucas Gaincerain, el monto actualizado al 10 de julio de 2025 asciende a $42.494 millones, lo que representa apenas el 6% de los $685.000 millones calculados por los expertos del máximo tribunal.

La diferencia entre ambos montos se debe a la metodología utilizada: mientras los peritos de la Corte aplicaron el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC para actualizar los $85.000 millones fijados por el Tribunal Oral Federal 2 en 2022, el perito de Cristina Kirchner utilizó la tasa pasiva promedio del Banco Central.

Esta controversia será resuelta por el Tribunal Oral Federal 2, que deberá definir cuál será el monto final a devolver por los condenados. También se encuentra en evaluación un tercer dictamen presentado por los peritos de la Fiscalía, lo que agrega complejidad al escenario.

Una vez fijada la cifra definitiva, los nueve condenados en la causa tendrán 10 días hábiles para reintegrar ese monto. En caso de no hacerlo, se procederá al remate de sus bienes hasta cubrir el total.

En diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015. Junto a ella fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros cinco ex funcionarios. La ex mandataria cumple actualmente la condena bajo prisión domiciliaria.

El monto original de la defraudación fue fijado en $85.000 millones al momento del fallo, y actualizado recientemente por los peritos de la Corte a $684.990 millones, lo que equivale a 537 millones de dólares al cambio actual.

La gran diferencia entre los cálculos del perito de parte y los oficiales podría derivar en una nueva controversia judicial, que eventualmente escale a instancias superiores. La defensa de la ex presidenta anticipó que insistirá en su metodología, que considera más adecuada a derecho.