El anuncio del Gobierno nacional sobre la ampliación del servicio militar voluntario generó fuerte malestar en las Fuerzas Armadas, donde oficiales de alto rango expresaron su sorpresa y rechazo por la forma en que se comunicó la iniciativa. Según trascendió, los principales jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se enteraron de los cambios durante el acto oficial por el Día del Ejército, sin haber sido informados ni consultados previamente.

La polémica estalló tras las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien calificó como "nuevo" al régimen voluntario -vigente desde la suspensión del servicio obligatorio en 1994- y adelantó que los jóvenes que ingresen recibirán formación en oficios como cocina, mecánica y vigilancia. También aseguró que se implementará junto al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello.

Sin embargo, desde el propio oficialismo reconocieron que la comunicación fue "desprolija" y que no se trata de un nuevo régimen, sino de una reformulación del esquema actual, que será oficializada por decreto en los próximos días. El ministro de Defensa, Luis Petri, brindará este viernes una conferencia de prensa para explicar los alcances reales del programa.

Desde sectores castrenses se mostraron molestos por lo que interpretan como un intento de "apropiarse" de la imagen positiva de las Fuerzas Armadas sin atender los reclamos estructurales que atraviesan. Subrayan, además, la existencia de programas de formación laboral y certificación de oficios ya vigentes dentro del régimen actual, por lo que cuestionan el anuncio como una maniobra meramente discursiva.

Las tensiones con el oficialismo no se limitan a la forma del anuncio. Los militares reclaman por la escala salarial, que consideran desactualizada y desmotivante. De acuerdo con las últimas cifras oficiales, un teniente general, almirante o brigadier general percibe un salario de alrededor de $2,6 millones, mientras que un cabo segundo cobra $673.000, lo que según denuncian, "es menos que un cajero de banco".

Patricia Bullrich refuerza la seguridad en la frontera con Brasil ante el avance de bandas criminales

Argentina

El Ministerio de Seguridad activó el Plan Guacurarí en Misiones para frenar la expansión de grupos narcos brasileños como el PCC y el Comando Vermelho. Se han registrado ataques contra fuerzas federales.

También apuntan contra el decreto 1140/2007, que modificó el cálculo de haberes para quienes cumplen funciones en el exterior, liquidándolos como si trabajaran en la Argentina. Exigen su derogación y una revisión de los mecanismos de compensación.

El malestar también se da en un contexto en el que el Ejecutivo viene otorgando nuevas funciones a las Fuerzas Armadas, especialmente en materia de seguridad interna. A través del decreto 1112/24, el Gobierno habilitó a los militares a combatir "enemigos externos no estatales", como organizaciones terroristas, dentro del territorio nacional.

Además, se prevé una nueva Ley de Seguridad Nacional que ampliará su rol en el patrullaje de fronteras y la protección de objetivos estratégicos como Vaca Muerta, las centrales nucleares (Atucha I y II, y Embalse) y las represas hidroeléctricas. Incluso ya se firmó un acuerdo de cooperación con Paraguay para reforzar la vigilancia en el norte del país.

Pese a estas mayores responsabilidades, las fuerzas sostienen que no cuentan con un presupuesto adecuado. Actualmente, el Ministerio de Defensa tiene asignados $1,27 billones para el Estado Mayor del Ejército, $601.000 millones para la Armada y $510.000 millones para la Fuerza Aérea, mientras que el Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares recibe $1,43 billones.

El documento que se publicará en el Boletín Oficial incluirá, además, la obligación de completar el secundario durante el servicio, la extensión de las prácticas a operativos de ayuda humanitaria, y una revisión del régimen de ascensos. La Casa Rosada defiende la medida como una herramienta para fortalecer la inserción laboral de quienes no sigan carrera militar.

Pero en las filas militares prevalece el malestar. "Anuncian cambios que ya existen, sin consultarnos y sin resolver lo más urgente: la escala salarial, el presupuesto y la obra social", señalan fuentes castrenses. Y concluyen con una advertencia: "No alcanza con discursos para construir confianza con las Fuerzas".