Luego de los anuncios encabezados este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del Banco Central Santiago Bausili y el jefe de ARCA Juan Pazo, el Gobierno nacional pondrá en marcha un nuevo paquete de medidas que busca reordenar la fiscalización tributaria, reducir la carga administrativa y fomentar la formalización de capitales.

El primer paso será la publicación de tres o cuatro decretos que darán forma al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias, que comenzará a regir a partir del 1° de junio. En esta nueva etapa, los contribuyentes ya no deberán detallar su patrimonio ni sus rentas específicas, sino solo ingresos, gastos y deducciones personales.

A su vez, se limitará el acceso automático del fisco a datos financieros: ARCA solo podrá obtener información a través de pedidos específicos, lo que marca un giro relevante en el modelo de fiscalización vigente hasta ahora.

El rediseño apunta a simplificar las declaraciones juradas y a reducir la exposición de los contribuyentes frente al Estado. Según explicaron desde el Ejecutivo, el objetivo es "quitarle poder de fiscalización automática al fisco", promoviendo un modelo más enfocado en riesgo y menos intrusivo para los ciudadanos.

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El nuevo esquema, afirman, se basa en prácticas internacionales. "En Estados Unidos no se informan patrimonio ni donaciones como parte del impuesto, solo rentas y gastos", ejemplificaron desde un estudio jurídico vinculado al sector. Sin embargo, admiten que delegar el control automático no será fácil, ya que representa una pérdida de herramientas de fiscalización para el Estado.

Mientras avanzan las reformas por decreto, el Gobierno prepara una segunda etapa legislativa para modificar dos leyes clave: la penal tributaria y la de procedimiento tributario. El objetivo, según fuentes oficiales, es ofrecer un "blindaje jurídico" a quienes se sumen al régimen simplificado, evitando que puedan ser perseguidos judicialmente en un eventual cambio de administración.

Aumentar el piso de evasión fiscal para que un contribuyente pueda ser imputado penalmente. Actualmente está fijado en 1,5 millones de pesos desde 2017, lo que ajustado por inflación debería escalar a unos $100 millones, según el tributarista Sebastián Domínguez.

Reducir los plazos de prescripción penal en casos tributarios, actualmente establecidos en cinco años.

Esta propuesta aún no tiene fecha de ingreso al Congreso, pero en el Ejecutivo consideran que las provincias podrían apoyarla, ya que implicaría una mayor recaudación de impuestos coparticipables.

Uno de los efectos esperados por el Gobierno es que esta reforma incentive la salida de dólares no declarados del circuito informal hacia el sistema financiero legal. Según el ministro Caputo, se trata de una "consecuencia lógica" de las nuevas condiciones.

Sin embargo, desde el sector privado relativizan este impacto. En un informe, Adcap Grupo Financiero advirtió que no existe aún una agenda clara para canalizar esos fondos: "Cualquier remonetización en dólares será probablemente marginal en el corto plazo", evaluaron.

Pese a ello, en el sector financiero y empresarial hubo una recepción positiva. El presidente de ADEBA, Javier Bolzico, destacó que las medidas simplificarán la operatoria bancaria y fortalecerán la relación con los clientes. "Permitirá enfocar los controles en base a riesgos y no en regulaciones inconducentes", sostuvo.

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La Cámara de Comercio (CAC) también avaló los cambios, asegurando que "favorecerán el consumo y la inversión". Por su parte, la CGERA (Confederación General Empresaria) subrayó que el nuevo régimen podría "mejorar el acceso a insumos importados" y reactivar la economía local.

En los próximos días, ARCA habilitará el sistema para que autónomos y monotributistas se adhieran al nuevo régimen, que funcionará a lo largo del año. Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) prepara una adaptación normativa propia, vinculada a la prevención del lavado de dinero, como parte del mismo paquete.

Con esta iniciativa, el oficialismo busca no solo descomprimir la presión fiscal, sino también cambiar el paradigma de relación entre el Estado y los contribuyentes. Como resumen desde el propio Gobierno, se trata de "un nuevo contrato fiscal con reglas más simples, más previsibles y con menos intromisión estatal".