La reducción de los aranceles para celulares importados generó una inesperada disputa entre el Gobierno nacional y la provincia de Tierra del Fuego, donde la industria electrónica representa el principal motor económico y laboral.

La medida fue oficializada esta semana e incluye una baja del arancel del 16% al 8% para celulares importados, con la eliminación total prevista para el 15 de enero de 2026. En paralelo, se redujeron impuestos internos del 19% al 9,5% para productos fabricados en el país -como celulares, televisores y aires acondicionados- y se eliminó el impuesto interno a los fabricados en la isla fueguina.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la iniciativa apunta a promover la competencia, reducir el "costo argentino" y bajar hasta un 30% los precios de estos productos para los consumidores.

Pero en Tierra del Fuego, la reacción fue inmediata. Los principales gremios industriales paralizaron por 24 horas las operaciones en las fábricas, denunciando que la medida pone en riesgo miles de empleos y compromete la continuidad del régimen de promoción industrial de la provincia.

"Al Gobierno no le interesa bajar los precios de los celulares: esto es un ataque directo a la industria fueguina", afirmaron los gremios en un comunicado conjunto. Y advirtieron: "No volveremos a las fábricas hasta que no tengamos garantizada la continuidad laboral de todos los trabajadores, efectivos y contratados".

El Gobierno anunció una nueva reducción de aranceles para bienes de capital

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"Con esta reducción ya bajamos aranceles a 1081 productos", señaló el ministro de Economía. 

La preocupación es compartida por autoridades provinciales y empresarios del sector, que temen un proceso de desindustrialización progresivo si se avanza hacia una apertura total sin medidas compensatorias.

El CEO de Newsan, Luis Galli, una de las principales compañías radicadas en la isla, fue contundente: "Con la baja de derechos que se anunció, es muy difícil seguir fabricando celulares en Argentina".

Newsan, junto a Mirgor (firma ligada al entorno del ministro de Economía, Luis Caputo), concentra más del 80% de la producción electrónica nacional y emplea a buena parte de los 8.500 trabajadores del sector en la provincia.

Por su parte, Ana Vainman, directora ejecutiva de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica), admitió que el impacto inicial no será inmediato, pero alertó sobre las consecuencias a futuro:

"En el corto plazo la afectación no será tan severa, pero cuando el arancel llegue a 0%, sí va a generar un problema real. Estamos trabajando para mitigar el impacto en toda la cadena de valor", explicó. 

La tensión escaló a nivel nacional: los gremios fueguinos exigieron a la CGT que convoque a un paro nacional y advirtieron que seguirán las medidas de fuerza si no se revierte la política de apertura. En paralelo, la provincia evalúa medidas judiciales y políticas para defender el régimen de promoción industrial que, desde hace décadas, sustenta buena parte de su economía.