La Cámara de Diputados de Italia aprobó este martes la controvertida reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni que impone nuevas restricciones al acceso a la ciudadanía italiana por descendencia. La medida, que impactará de lleno en miles de argentinos que actualmente tramitan su nacionalidad, ya había sido avalada por el Senado el pasado 15 de mayo y ahora solo resta la firma del presidente Sergio Mattarella para que entre en vigor.

La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones. Fue presentada originalmente como un decreto-ley el 28 de marzo, un mecanismo reservado para situaciones urgentes que requiere aprobación parlamentaria en un plazo de 60 días. Con el visto bueno de ambas cámaras, el trámite legislativo quedó concluido.

La nueva legislación introduce un límite generacional en el principio de "Ius Sanguinis", el derecho que permite reclamar la ciudadanía italiana por lazos de sangre, una vía tradicionalmente utilizada por millones de descendientes de inmigrantes italianos en países como Argentina y Brasil.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, los italianos nacidos en el extranjero no podrán transmitir automáticamente la ciudadanía a sus hijos. El reconocimiento solo se concederá a quienes tengan un padre o madre (de primer grado) o abuelo o abuela (de segundo grado) nacidos en Italia y que no posean otra nacionalidad.

Además, se establece como requisito adicional que el progenitor del solicitante haya residido al menos dos años consecutivos en Italia antes del nacimiento del hijo, en el caso de haber nacido fuera del país.

Esta modificación pone fin a los reconocimientos automáticos que hasta ahora permitían a hijos de ciudadanos italianos nacidos en el extranjero obtener la ciudadanía sin mayores restricciones.

Según el decreto, los trámites solo serán válidos si se presentan con documentación completa hasta el 27 de marzo de 2025, a las 23:59 (hora de Roma). A partir de entonces, entrará en vigor el nuevo régimen.

En Argentina, donde se estima que cerca de un millón de personas tienen ciudadanía italiana y decenas de miles más la están tramitando, la medida generó preocupación. Muchas personas iniciaron el proceso de reconocimiento en base a la legislación vigente desde 1992, que no imponía límites generacionales.

Desde el gobierno de Meloni argumentaron que la reforma busca evitar abusos en el sistema, al considerar que numerosos solicitantes buscan el pasaporte italiano únicamente por las ventajas que otorga dentro de la Unión Europea.

"El derecho de sangre ha sido distorsionado", señalaron desde sectores oficialistas, aludiendo principalmente a casos en América Latina donde, según afirmaron, "se transmite la ciudadanía sin ninguna conexión real con Italia".