Según Arabia, la medida busca eliminar una contribución obligatoria que, en su visión, representa una carga injustificada para los productores vitivinícolas del país.

El legislador justificó su iniciativa con tres argumentos centrales: la ineficiencia comprobada de la entidad, su opacidad en el manejo de fondos, y la convicción de que ningún productor debería estar obligado por ley a aportar a una organización sin carácter estatal. Arabia, quien asegura tener un conocimiento profundo del sector vitivinícola y de la provincia de Mendoza, afirmó que ha recibido un fuerte respaldo por parte de productores independientes y referentes políticos de distintas regiones vitivinícolas del país, incluidos Salta y Río Negro.

Entre los fundamentos técnicos del proyecto se destacan datos como los 230 millones de dólares que, según denuncias de Bodegas de Argentina, fueron malgastados por la COVIAR en los últimos 16 años, y un informe reciente de la Sindicatura General de la Nación que cuestiona la transparencia en el uso de al menos 300 millones de pesos.

Arabia remarcó que la ley vigente impone un aporte compulsivo a todos los productores, independientemente de si consideran útil o no la gestión de la COVIAR. En su visión, una entidad verdaderamente valiosa debería poder sostenerse con aportes voluntarios. Por eso, propone directamente su eliminación, permitiendo que la organización continúe funcionando solo si logra el respaldo libre y voluntario del sector.

El proyecto fue acompañado por diez diputados nacionales y ya tiene giro a las comisiones de Agricultura y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja. Arabia anticipó que impulsará un debate amplio, abierto a productores, cámaras empresariales y representantes de la propia COVIAR.

La iniciativa generó un intenso debate público y político, al que Arabia respondió apelando al derecho de los productores a decidir libremente cómo y a quién dirigir sus recursos.