Según el CEM, aunque no se haya accedido al proyecto completo, conocen los fundamentos generales de la propuesta y comparten la idea de revisar esquemas de financiamiento obligatorios. Indican que, más allá de la existencia de acciones de promoción, es cuestionable la obligatoriedad del aporte y señalan que los objetivos del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) no se cumplieron plenamente. Además, Clément subraya que el control del uso de fondos, sean públicos o privados, debe ser una condición esencial.

El Consejo Empresario Mendoza no ha tomado contacto con la COVIAR, ya que su función es emitir opiniones generales y no gestionar situaciones particulares. Resaltan que la discusión debe centrarse en la necesidad de mantener un sistema de aportes obligatorios o bien pasar a uno voluntario, donde las acciones de promoción continúen pero con participación libre y controlada de los interesados.

En relación con el proyecto, se menciona que tiene solo dos artículos y una fundamentación considerada básica, con errores conceptuales que equiparan a la COVIAR con una cámara empresarial o una asociación civil, lo que ha generado controversias.

Dentro de la estructura de la COVIAR participan numerosas entidades como la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Asociación Viñateros de Mendoza, Bodegas de Argentina, Cámara de Bodegueros de San Juan, y cámaras de productores de distintas provincias como La Rioja, Salta, Río Negro, Neuquén y Catamarca, además del INTA.

Finalmente, se destaca que quienes apoyan la derogación consideran que la COVIAR cuenta con facultades suficientes para administrar sus propios recursos y organizarse como una entidad privada, sin necesidad de un estatus especial ni injerencia estatal.