En busca de la verdad
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El debate sucederá despues de haber eliminado el conflictivo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros
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El Senado debatirá este jueves desde las 14 un proyecto sobre la protección de la propiedad privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo referido a la extranjerización de tierras. La iniciativa propone cambios en el Código Civil y Comercial y modificaciones vinculadas con desalojos, expropiaciones, regularización dominial y la Ley de Manejo del Fuego.
La eliminación del apartado sobre tierras rurales se produjo después de que gobernadores rechazaran la flexibilización de las condiciones para que inversores extranjeros pudieran adquirir este tipo de propiedades. La propuesta contemplaba un límite del 25% para las tierras que podían quedar en manos extranjeras.
El bloque oficialista, encabezado por Patricia Bullrich, también había retirado previamente las modificaciones previstas para la ley de barrios populares, luego de las críticas por la posibilidad de que las nuevas disposiciones derivaran en desalojos y de los cuestionamientos expresados desde sectores de la Iglesia.
De esta manera, el texto que llegará al recinto estará concentrado principalmente en reformas destinadas a agilizar la recuperación de inmuebles ocupados, establecer nuevas condiciones para las expropiaciones, modificar disposiciones sobre terrenos afectados por incendios y ampliar mecanismos de regularización de escrituras.
Antes de comenzar con el tratamiento del proyecto, los senadores deberán resolver los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de la sesión de manera remota.
La senadora mendocina solicitó intervenir virtualmente debido a que atraviesa la semana 32 de embarazo y no puede trasladarse desde Mendoza hasta Buenos Aires. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó el pedido, aunque la decisión definitiva deberá ser convalidada por el pleno de la Cámara.
Una situación similar planteó Fama, quien fue operado de una rodilla y tampoco puede viajar. Su solicitud recibió la autorización de Villarruel, pero también quedó sujeta al aval de los senadores.
El tema podría generar una discusión reglamentaria, ya que la participación virtual fue utilizada durante la pandemia, pero nunca quedó incorporada de manera permanente al reglamento del Senado. Uno de los puntos a determinar será si la autorización requiere mayoría simple o dos tercios de los votos.
Uno de los principales puntos del proyecto establece un procedimiento de desalojo rápido para inmuebles usurpados o casos de tenencia precaria. El juez podrá ordenar la restitución inmediata cuando considere verosímil el derecho presentado por el propietario y exista caución juratoria.
Además, a pedido del dueño y con la documentación correspondiente, la Justicia podrá intimar a devolver el inmueble dentro de un plazo de 72 horas.
La situación será diferente para los inquilinos con deudas. En esos casos, el propietario deberá enviar previamente una carta documento y conceder un mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación para regularizar los pagos.
La iniciativa también modifica las condiciones para las expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que fundamentar expresamente las razones que justifican la medida.
El dictamen fija, además, un límite del 30% para las indemnizaciones correspondientes al lucro cesante. Para el cálculo de los intereses se prevé tomar como referencia el Índice de Precios al Consumidor junto con la tasa del Banco Nación a 30 días.
Otro de los cambios alcanza a los terrenos afectados por incendios. El proyecto elimina la disposición que impedía durante 30 años modificar el uso de superficies incendiadas ubicadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y sectores periurbanos.
Para los bosques nativos continuará vigente la prohibición de modificar su uso y destino, aunque se eliminará el plazo de 60 años establecido por la normativa actual.
Finalmente, la propuesta modifica la denominada Ley Pierri de regularización dominial. El objetivo es permitir el acceso a la escritura de una vivienda única a familias que puedan acreditar una posesión pública del inmueble durante los diez años anteriores.
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