El Gobierno nacional planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario, buscando dar esta discusión estructural durante el tratamiento del Presupuesto 2027. La Casa Rosada mantiene esta postura estratégica más allá del inminente acuerdo económico que negocia actualmente con los rectores para recomponer los salarios docentes y reforzar las partidas presupuestarias de las casas de altos estudios durante 2026.

La estrategia del Poder Ejecutivo está fuertemente condicionada por un escenario judicial que permanece abierto. Actualmente, la Corte Suprema de Justicia analiza el futuro de la ley vigente tras un recurso presentado por el oficialismo; si el máximo tribunal falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei quedará obligada a aplicar una norma que rechaza por no especificar una fuente de financiamiento, todo esto en un contexto de estricto ajuste fiscal. Ante esto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya aclaró que el entendimiento económico en curso no implica que retirarán su demanda en los tribunales.

Pese a la disputa legal de fondo, las partes avanzan en una propuesta económica concreta para descomprimir el conflicto en el corto plazo. El esquema ofrecido contempla un incremento total del 24,33% para la masa salarial, dividido en una suba del 21,33% en junio (calculado sobre los básicos de mayo de 2026) y un 3% adicional en octubre. Esta actualización busca recomponer el desfasaje acumulado en 2025, cubrir la inflación hasta mayo de este año y sumar una mejora del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo, sumado al compromiso de convocar a paritarias al menos cada tres meses.

Además de la pauta salarial para docentes y no docentes, el borrador del acuerdo abarca la inyección de fondos institucionales clave. El acta prevé una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, un refuerzo de $50.000 millones destinados a los hospitales universitarios durante este año y un aumento del 50% en los montos de las Becas Manuel Belgrano.

Para la Casa Rosada, firmar este acta representa una salida pragmática a la urgencia del conflicto universitario sin ceder en su batalla legislativa. El Ejecutivo insiste en que cualquier erogación significativa, como la que plantea la ley sancionada por el Congreso, debe discutirse dentro del marco general del Presupuesto Nacional para poder balancear el costo fiscal de las universidades con el resto de las prioridades del Estado, evitando aprobar leyes específicas por fuera del cálculo integral de gastos e ingresos.

Toda esta discusión salarial y legislativa se da bajo la sombra de la última reestructuración presupuestaria implementada hace menos de un mes, donde el Gobierno aplicó un recorte cercano a los $2,5 billones que impactó directamente en infraestructura universitaria, educación y subsidios. En los despachos oficiales justifican estas bajas como medidas indispensables para cumplir con las metas pactadas y preservar el equilibrio financiero, argumentando que el costo de aplicar la actual Ley de Financiamiento Universitario obligaría a realizar erogaciones de una magnitud similar.