En forma inesperada, el decreto reglamentario de la reforma laboral que se publicó este lunes en el Boletín Oficial incluyó algunos artículos que avanzan sobre el poder sindical y que ya generaron un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y la CGT cuando aún se tramita en la Justicia la impugnación a la Ley 27.802.

Un día después de oficializarse el decreto 407/2026, la CGT rechazó su contenido porque "el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país".

"Estas decisiones constituyen una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales y afectan principios esenciales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", señaló la central obrera en un comunicado de prensa, en el que consideró que "resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad".

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

¿Los dirigentes gremiales esperaban un contenido más benévolo hacia ellos? Algunos de los más dialoguistas insistieron ante el Gobierno para que atenuara ciertos puntos de la norma de Modernización Laboral, pero no tuvieron señales auspiciosas. Ahora, tras conocerse el decreto, el sector de la CGT con más llegada al oficialismo cree que el decreto es una "provocación".

Aún así, y pese a la ofensiva judicial contra la ley (hoy, debilitada), los gremialistas más moderados admiten que sus negociaciones sobre la reforma laboral dejaron a salvo el financiamiento de los sindicatos y el núcleo central de las convenciones colectivas de trabajo, dos pilares en que se basa el modelo sindical argentino, acuñado hace casi 81 años por Juan Domingo Perón.

En una entrevista con Infobae, el líder cegetista Gerardo Martínez (UOCRA), reconoció que pudieron mantener las cuotas solidarias en el proyecto oficial y, además, quitar un artículo por el que las empresas dejaban de ser agente de retención de las cuotas de afiliados. "Con eso se desmembraba toda la estructura sindical", dijo.

Además, resaltó que, "gracias a las negociaciones, más allá de que no llegaron a fondo, algunas cosas se lograron mantener, como las estructuras de los derechos colectivos", y concluyó: "Mantuvimos estructuralmente de pie a las estructuras sindicales".

Una marcha de la CGT contra la reforma laboral

De todas formas, el decreto reglamentario volvió a tensar la relación con el Gobierno mientras la CGT se prepara para denunciarlo ante la OIT por "violación de derechos laborales" y acrecienta el malestar a pocas semanas de que se debata la realización de otro paro general.

¿Qué puntos del decreto irritaron más a los líderes cegetistas? Según la Ley 27.802 de Modernización Laboral, las cuotas solidarias (que se descuentan en forma compulsiva del sueldo de todos los trabajadores de una actividad, sean o no afiliados, y van a los sindicatos) "no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores", mientras que los aportes, contribuciones y cualquier otro concepto previstos en las convenciones colectivas de trabajo en beneficio directo o indirecto a cámaras, asociaciones, agrupaciones o personas jurídicas integradas parcialmente" que estén integrados por representantes de los empleadores "no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones de los trabajadores".

Antes, no existían esos topes y ambas partes fijaban los porcentajes que impactaban en los salarios. Hay gremios que impusieron el 4% de descuento salarial en concepto de cuota solidaria. Es lo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene en la mira desde años para desterrarlos y que califica como "peajes sindicales".