El Poder Ejecutivo nacional planifica enviar al Congreso de la Nación, durante el transcurso del próximo mes de junio, una segunda tanda de reformas estructurales que habían quedado marginadas del último paquete oficial. Según confirmaron fuentes gubernamentales, el cronograma y los alcances finales de las iniciativas se terminarán de pulir en la mesa política del próximo martes, un encuentro clave que volverá a reunir a Santiago Caputo y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tras los recientes cortocircuitos internos. Previamente, el lunes, el presidente Javier Milei encabezará una nueva reunión de Gabinete para alinear las prioridades.

La estrategia de la Casa Rosada se produce luego de que el último envío legislativo quedara acotado a solo cuatro iniciativas puntuales: el Super-RIGI, la ley de gestión de intereses (lobby), ludopatía y alimentación saludable. Con el terreno ya marcado en el Parlamento, el oficialismo decidió acelerar ahora una agenda de mediano plazo con impacto directo sobre las reglas empresariales, la defensa de la competencia, la organización de los tribunales y los sectores fuertemente regulados de la economía.

Defensa de la competencia y flexibilización societaria

Uno de los capítulos más sensibles para el sector privado es la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia. El borrador oficial prevé un cambio de paradigma en el control de monopolios: la eliminación de la figura de abuso de posición dominante en términos "explotativos" (discutir o sancionar precios considerados altos), preservando únicamente la variante "exclusoria" (conductas que busquen bloquear el ingreso de nuevos competidores). Asimismo, se duplicarán los umbrales económicos de notificación para fusiones y adquisiciones, disminuyendo la cantidad de transacciones comerciales obligadas a pasar por la revisión previa del Estado.

Por otra parte, la reforma societaria busca actualizar la Ley General de Sociedades 19.550, vigente desde 1972, con el objetivo de dotar de mayor flexibilidad a startups y filiales extranjeras. Los puntos centrales del borrador incluyen:

• SRL Unipersonales: Se habilitará la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada de un solo dueño, facilitando la radicación de inversiones sin el requisito formal de conseguir un segundo socio.
  
• Stock Options: Se incorporará legalmente esta herramienta tecnológica para que las empresas puedan ofrecer participación en el capital accionario como incentivo a empleados y proveedores.
  
• Exclusión de minorías: Se habilitará la posibilidad de cancelar la participación de socios minoritarios que se desentiendan de la actividad de la firma, abonándoles el capital correspondiente, una medida que anticipa polémica por el derecho de las minorías.
  

Juicio por jurados en el fuero federal

En el plano judicial, el Ministerio de Justicia tiene bajo revisión el proyecto para implementar el juicio por jurados en la justicia federal para aquellos delitos cuya pena máxima supere los cinco años de prisión o reclusión.

El modelo en estudio contempla un tribunal popular de 12 miembros titulares y al menos dos suplentes, con estricta paridad de género. Un juez técnico conducirá el debate e instruirá sobre el derecho, pero el jurado determinará de forma unánime la culpabilidad o no del acusado sin necesidad de expresar los motivos de su decisión. Mientras los defensores de la medida señalan que se cumple un mandato constitucional postergado, los críticos advierten sobre la complejidad técnica de las causas federales, los costos operativos y las dificultades para la posterior revisión de los veredictos.

El frente de la desregulación económica

El lote de iniciativas remanentes configura un abanico de desregulaciones que todavía se encuentra bajo redacción en Balcarce 50. En el sector inmobiliario, la Casa Rosada apunta a revisar la intermediación obligatoria y las matrículas de los colegios profesionales en operaciones de compraventa y alquileres, bajo la premisa de que actúan como barreras que encarecen las comisiones.

En el mercado de seguros, se buscará otorgar mayor autonomía a las compañías para que diseñen y lancen productos financieros sin requerir la autorización previa de la Superintendencia de Seguros de la Nación, fomentando la libre competencia. En tanto, las reformas orientadas al mercado de capitales continúan en proceso de elaboración técnica.

La hoja de ruta legislativa de junio convivirá con otros frentes que el oficialismo mantiene abiertos en el Congreso, tales como los proyectos de propiedad privada, el acuerdo con los holdouts, el Tratado de Patentes y la reforma electoral, esta última aún sin los consensos necesarios para avanzar. En contraposición, la reforma integral del Código Penal continuará postergada debido a marcadas disidencias internas dentro de la coalición de gobierno.