El Congreso se reactivó esta semana en la previa al inicio de las sesiones extraordinarias, que tendrá como premisa fundamental la aprobación de la reforma laboral
El Congreso volvió a tomar ritmo esta semana, en la antesala del inicio de las sesiones extraordinarias, que tendrán como eje central la aprobación de la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. En paralelo, el Gobierno decidió acelerar otro debate sensible: el nuevo Régimen Penal Juvenil, que ya fue incorporado al temario de febrero y apunta a reducir la edad de imputabilidad a los 13 años.
En ese contexto, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó para este miércoles a las 14 a una reunión con los jefes de bloque. Según anticiparon fuentes parlamentarias, el encuentro buscará ordenar la agenda de trabajo de las extraordinarias y definir el esquema de funcionamiento de las próximas semanas.
"No hay un temario cerrado. La idea es organizarnos de cara a lo que viene", explicó un legislador de la oposición. En la reunión se espera avanzar sobre la conformación de comisiones y consensuar la fecha de la primera sesión extraordinaria del año.
Otro diputado con diálogo fluido con el oficialismo remarcó que, antes de avanzar en los planteos, será clave observar qué ocurre con los dictámenes que surjan del Senado. Allí comenzará el debate de la reforma laboral y de la Ley de Glaciares, los dos proyectos que concentrarán la atención de la Cámara Alta en el arranque del período extraordinario.
A diferencia de la reforma laboral, el proyecto de reforma del régimen penal juvenil iniciará su recorrido en Diputados. Se trata de una de las iniciativas que promete mayor conflictividad política, ya que el Gobierno busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años, una propuesta que genera fuertes resistencias en distintos sectores.
Desde bloques considerados dialoguistas advierten que, si se habilita la conformación de comisiones, el debate podría comenzar de inmediato. "Aunque el proyecto del año pasado perdió estado parlamentario, existe un dictamen que fue trabajado durante casi ocho meses. Volver a empezar desde cero no tendría sentido", señalaron.
El eje de la discusión gira en torno a si la baja de la edad de imputabilidad puede ser una herramienta eficaz para reducir el delito. Algunos legisladores sostienen que podría contribuir a mejorar la seguridad, mientras que otros alertan sobre la falta de garantías, recursos y estructuras adecuadas para abordar la problemática de menores en conflicto con la ley penal.
Las dudas no se limitan al enfoque punitivo. En el Congreso también se cuestiona si el Estado está en condiciones de garantizar programas socioeducativos, infraestructura adecuada, personal capacitado y un esquema de reinserción real. Por ahora, no hay certezas sobre si el Gobierno nacional está dispuesto a financiar todo lo que el nuevo régimen exigiría.
"No se trata solo de encarcelar, sino de cómo se trabaja para lograr una reinserción sana, lejos del entorno que empujó al delito", planteó un diputado dispuesto a debatir el proyecto, aunque con condiciones. Y agregó: "La ley no tiene que ser solo para castigar, sino para prevenir".
Las objeciones atraviesan a varios bloques, incluso a sectores que históricamente acompañaron al oficialismo. En el PRO, por ejemplo, plantean como primera diferencia que la edad de imputabilidad debería fijarse en los 14 años. "No existe consenso médico ni psicológico que avale que un chico de 12 o 13 años comprenda plenamente la criminalidad de sus actos", sostienen.
También aparecen cuestionamientos operativos: una reducción de la edad a 13 años implicaría duplicar de manera inmediata la cantidad de menores privados de la libertad. "Sin establecimientos adecuados, la ley sería inaplicable", advierten.
El financiamiento es otro de los puntos críticos. Desde la oposición remarcan que, más allá de la edad que se establezca, cualquier nuevo régimen penal juvenil necesita respaldo presupuestario. "Sin recursos, el debate es estéril", aseguran.
"Bajar la edad sin invertir en infraestructura es puro populismo penal. Se necesitan centros especializados, seguridad adecuada y un verdadero modelo socioeducativo, que hoy no existe. Sin fondos, esta ley será letra muerta desde el primer día", concluyen.