Axel Kicillof volvió a confrontar con el presidente Javier Milei en la previa de una sesión clave en la que buscará la sanción de la Ley de Financiamiento para la provincia de Buenos Aires. En un acto junto a la vicegobernadora Verónica Magario e intendentes de distintos signos políticos, el mandatario denunció un "asedio financiero ilegal" sobre el distrito y acusó a la Nación de quitarle "recursos obligatorios" mediante "decisiones deliberadas de exclusión de reuniones" y recorte de transferencias.

Kicillof reclamó por la falta de envíos vinculados a seguridad, transporte y jubilaciones, y definió como un "robo de billones de pesos" la deuda que, según él, mantiene la gestión libertaria con la Provincia. "No estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud, de educación. La Legislatura debe decidir en favor del orden económico y social de nuestra provincia. No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia", enfatizó.

El gobernador sostuvo que Buenos Aires atraviesa "una situación de excepción" y recordó que el paquete de leyes económicas fue enviado el 3 de noviembre, aunque solo dos normas fueron aprobadas el 26. Señaló que el Presupuesto 2025 declaró la emergencia económica por la "profunda recesión" y por el "incumplimiento por parte del Gobierno nacional de transferencias automáticas y no automáticas".

En ese marco, enumeró caídas de actividad: 5,7% en el nivel económico general, 10% en la industria, 25% en la construcción y 8% en el comercio. Además, destacó la pérdida de "18.000 empresas en el país y 5000 en la provincia de Buenos Aires" y apuntó al freno de la obra pública: "Por decisión de Milei hay cerca de 1000 obras frenadas en todos los rubros", afirmó.

Kicillof aseguró que la población "no puede pagar el mínimo de la tarjeta" y acusó al Gobierno nacional de "modificar números" para mostrar una economía sin recesión. "Mientras hay una fiesta en el mundo financiero, en el mundo real la vida de la mayoría se vuelve cada vez más difícil", sostuvo.

En cuanto al impacto fiscal, indicó que la provincia dejó de percibir "$12,9 billones, que serían US$ 9000 millones", monto que, según planteó, "disimula un presunto superávit" nacional. A eso sumó "$3,6 billones de recaudación disminuida", equivalentes a "unos US$ 2500 millones". "Si la Provincia no se derrumbó es porque se ha decidido priorizar y trabajar con muchísima dedicación, planificación, eficiencia, sensibilidad y responsabilidad", remarcó.

También defendió la gestión bonaerense como "la más austera" del país y destacó que Buenos Aires, junto con Córdoba, es una de las jurisdicciones con menos trabajadores estatales por habitante. Volvió a denunciar una inequidad estructural en el esquema de recursos: la Provincia aporta el 38% de la recaudación y recibe "menos de un 7%".

Al explicar la Ley de Financiamiento, Kicillof insistió en que el proyecto no implica incrementar el stock de deuda: "No tenemos un pedido de nueva deuda, sino de los recursos para atender parte de los vencimientos del año pasado y de este". Señaló que la deuda provincial bajó del 9% al 6% del producto y que la carga de intereses se redujo del 8,7% al 3% del presupuesto. "La deuda no va a subir ni bajar, si no es por cuestiones coyunturales", afirmó.

El proyecto contempla un fondo para municipios: el 8% del financiamiento se repartirá entre las comunas, con $250.000 millones asegurados en cinco pagos fijos hasta junio, independientemente del volumen total de las colocaciones. Según el gobernador, esos recursos otorgarán previsibilidad para afrontar gastos corrientes.

"NO estamos dispuestos a afrontar vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se retraigan de salud o educación", reiteró. Y de cara a la sesión del miércoles cerró con un mensaje directo a la oposición: "Con serenidad, firmeza y convicción democrática, le pido a la Legislatura que vote en favor de los 17 millones de bonaerenses".